Suprimir la obligación de hacer públicos los contratos firmados con petroleras extranjeras, eliminar la posibilidad de dar a conocer los listados de particulares y empresas beneficiadas con exenciones y condonaciones de impuestos, ampliar el periodo de reservas de información hasta por 10 años o de manera permanente si el gobierno federal considera que su difusión puede dañar la estabilidad financiera o monetaria, son parte de los cambios que el PRI pretende introducir a la ley reglamentaria en materia de transparencia.

Otra de las modificaciones que pretende obligaría al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) a invitar como observadores permanentes, con derecho a voz, al consejero jurídico de la Presidencia de la República, a representantes de los poderes Legislativo y Judicial, al Consejo Nacional de Armonización Contable y a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Se le otorgaría al consejero jurídico del presidente la facultad de interponer directamente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recursos de revisión de resoluciones del Ifai y los órganos de transparencia estatales, si considera que ponen en riesgo la seguridad nacional.

Se suprime, además, la obligación de los funcionarios de dar a conocer sus declaraciones patrimoniales y se exime a los órganos de seguridad del Estado, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de establecer mecanismos de autorregulación en transparencia.

Son más de 80 modificaciones que los senadores del PRD Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña e Isidro Pedraza consideran un grave retroceso, ya que con ellos se restringe el derecho de las personas de acceso a la información pública y mantienen la opacidad y discrecionalidad de las autoridades en el manejo de los recursos públicos.

Los perredistas sostienen que son cambios que elaboró el gobierno federal a la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la legislación reglamentaria a la reforma constitucional en materia de transparencia.

En entrevista aparte, la senadora priísta Arely Gómez dijo que los cambios no son únicamente del Ejecutivo, sino también de expertos y académicos, a los que han consultado. Aseguró que hay siete temas técnicos encorchetados, y rechazó que se pretenda descafeinar la reforma constitucional en la ley reglamentaria.

Sin embargo, en un análisis elaborado por los perredistas se advierte que los cambios del gobierno federal que el PRI llevó a la mesa de negociación atentan contra la autonomía del Ifai y los órganos reguladores locales, restringen el derecho ciudadano de acceso a la información pública y mantienen la opacidad y discrecionalidad de las autoridades en el manejo de los recursos públicos.

Los senadores resaltan que se pretende bloquear todo lo referente a hacer público lo que ocurrirá en el sector energético, a partir de la incursión de empresas trasnacionales.

El tricolor propone que quede fuera la obligación de transparentar contratos, asignaciones, licencias, permisos, alianzas y sociedades que el Estado mexicano suscriba con empresas nacionales y extranjeras, para la explotación de hidrocarburos.

Los legisladores perredistas advierten que se trata de una propuesta regresiva, que limita el derecho a la verdad a los ciudadanos, ya que cancela la posibilidad de que el Ifai se pronuncie sobre la información que, desde su perspectiva, constituya violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción.