La Cámara de Diputados solicitó al titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, atender las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar protección a las garantías y derechos de la ex jefa de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, recluida en la prisión federal de Nayarit.

El exhorto lo promovió el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, a instancias de diputados de PRD, PRI, PAN, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PT y Panal.

El documento indica que la resolución de la CIDH plantea la atención de las autoridades a la reclusión de Nestora Salgado, que se le otorgue el debido proceso, y advierte que fue detenida de forma ilegal y se le aplicó un proceso no adecuado y plagado de irregularidades.

Roberto López Suárez señaló que el pleno de la cámara, por unanimidad, exhortó al gobierno de Guerrero y a la Secretaría de Gobernación. “¿Y qué sigue para nosotros? Lo que vamos a solicitar nuevamente es al gobierno de Guerrero que demande al fiscal estatal la revisión del caso Nestora Salgado, para que se le retiren los cargos –delincuencia organizada y secuestro– y pueda ser puesta en libertad lo antes posible”.

La CIDH reiteró en su resolución que en el caso de Nestora hubo violaciones a sus derechos humanos, y reiteró López Suárez: hemos estado planteando desde hace casi un año que ella es un presa política y, por tanto, tiene que ser liberada de forma inmediata.

Loretta Ortiz, diputada por Morena, advirtió que de no liberarse a Nestora Salgado se apuntaría a la responsabilidad del Estado mexicano, porque un organismo internacional como la CIDH es el que ha determinado la violación de sus derechos fundamentales. Con dureza reprobó la intervención de Isabel Miranda de Wallace, a quien se le han descubierto vínculos cercanos con ex funcionarios de la procuraduría de Justicia guerrerense.

La señora Wallace viene encubriendo todo este asunto, y por el momento electoral argumenta que nosotros estamos traficando influencias; lo que hemos hecho es ver por los derechos fundamentales de una ciudadana mexicana.