Moscú.

Trece días después de haber sido encarcelada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso, dependencia sucesora del KGB soviético), que le imputa el delito de traición a la patria, por el cual podría ser condenada hasta a 20 años de cárcel, Svetlana Davydova salió esta noche de la prisión de alta seguridad de Lefortovo, en la capital rusa.

Quedó en libertad provisional horas después de que se entregaron a la oficina de la presidencia rusa cerca de 40 mil firmas de apoyo a la petición de suprimir la detención preventiva de Davydova, en respuesta al llamado de auxilio lanzado en una entrevista de prensa por su marido, Anatoli Gorlov.

Abogaron por ella intelectuales de renombre y también la comisionada para los derechos humanos, Ela Pamfilova; el presidente del Consejo de Derechos Humanos adjunto a la Presidencia rusa, Mijail Fedotov, y el defensor del menor, Pavel Astajov, entre otros titulares de instancias cercanas al Kremlin.

Es la primera vez que, en los años recientes, la sociedad civil obligó al FSB a dar marcha atrás en una decisión a todas luces arbitraria, como era mantener entre rejas a esta mujer de 37 años, habitante de la ciudad de Viazma, en la región de Smolensk.

Porque la presunta delincuente –al margen de si infringió la ley o no, lo cual tendrá que determinar una corte– no es un funcionario en posesión de secretos de Estado o un espía que se cambió de bando, sino un ama de casa, dedicada al cuidado de sus siete hijos menores, el más pequeño de los cuales tiene apenas dos meses de edad y aún se alimenta de su pecho, que –según sus propias palabras– sólo quiere que no se derrame más sangre en Ucrania.

Por ello, esta ex militante del Partido Comunista marcó desde su casa el número de la embajada de Ucrania y comunicó que Rusia tendría la intención de enviar soldados en apoyo a las milicias separatistas, basándose en lo que dedujo de la conversación por celular de un hombre en el transporte público y en que hacía días que no veía movimiento alguno en uno de los cuarteles de las unidades especiales del GRU (inteligencia militar rusa), que podía observar desde la ventana de su casa.

Los hechos –la llamada telefónica a la embajada de Ucrania, intervenida sin orden judicial por el FSB, alegan sus abogados, Ivan Pavlov y Serguei Badamshin– ocurrieron en abril de 2014. Nueve meses después, agentes del FSB irrumpieron en su departamento en Viazma y la trajeron a Moscú.

En relación con Davydova, Dimitri Gudkov, uno de los pocos diputados opositores en la Duma, envió al fiscal general y al director del FSB una carta abierta, en la cual les pregunta: ¿Cómo es posible detener a una persona por sus fantasías personales y su interpretación subjetiva de la realidad?

Y argumenta que si las autoridades (rusas) no reconocen el envío de tropas a Ucrania –y la posición oficial del Kremlin es que Rusia no es parte del conflicto y en el vecino país sólo hay militares suyos de vacaciones y a título personal–, no puede imputarse a la mujer el delito de traición a la patria.

Por lo pronto, desde Viazma y rodeada de sus hijos, Davydova deberá esperar el desenlace de su peculiar calvario.