El Gobierno del Distrito Federal (GDF) apuesta por la modificación de los trenes que dan servicio en la línea 12 del Metro para resolver el conflicto riel-rueda, tal como propone la empresa Systra en su diagnóstico de las fallas que llevaron a la suspensión del servicio en 11 de sus 20 estaciones, señaló el titular del Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa también se refirió a los resolutivos de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el uso de fondos federales en la construcción de la llamada línea dorada, en los que pide investigar al ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard.

Al respecto, dejó en claro que la investigación que realiza su gobierno es totalmente independiente de la solicitada por esos legisladores, pues está enfocada a la competencia federal.

Acerca de si se van a cambiar los trenes de la línea 12, Mancera dijo que al ser modificados éstos, nunca van a ser los mismos que actualmente dan el servicio en la línea 12, toda vez que se tendrán que hacer cambios en ruedas, suspensiones, resortes y demás elementos técnicos señalados por Systra, pues como están ahora no puede operar la línea en su totalidad.

Dicho trabajo, indicó, será responsabilidad de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con la que se tienen arrendados los convoyes, además de que se hará una evaluación del resultado y comportamiento de los trenes modificados.

“Lo importante ahora es que sabemos cuáles son las adecuaciones que tendría que hacer CAF para que sus trenes funcionen. Está este debate de si los mismos trenes o no. Ya no pueden ser los mismos porque es como cuando a tu carro le cambian la rueda…, el amortiguador, pues ya no es el mismo; es un carro modificado.”

En cuanto al resolutivo de los diputados federales en torno a la línea 12, Mancera señaló que aún no ha sido notificado oficialmente del mismo, pero, dijo, por lo que se ha difundido la investigación que se solicita es de competencia federal. Nosotros ya hemos señalado a responsables administrativos y quiénes deben ser investigados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, precisó.

Recordó que el único punto en el que su administración tiene relación con los recursos federales para la línea dorada es el litigio con el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, iniciado por la exigencia de la Secretaría de la Función Pública para la devolución de poco más de 500 millones de pesos.

Interrogado sobre si hay un distanciamiento con su antecesor, quien acusó una campaña política en su contra, en la que además del Partido Revolucionario Institucional participa el gobierno de la ciudad, respondió: Yo no tengo distanciamiento absolutamente con nadie.