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Acusa opacidad e ilegalidad en manejo de recursos; López Valdez niega anomalías

Se sobrendeuda el gobierno de Sinaloa: PRD
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El 6 de mayo de 2013 fue inaugurada la unidad de hematoncología pediátrica de Culiacán, Sinaloa, con un crédito millonario autorizado por el Congreso del estado al gobernador Mario López Valdez. Las obras siguen inconclusasFoto Javier Valdez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 31 de enero de 2015, p. 28

Culiacán, Sin.

El gobierno estatal no tiene interés en un manejo transparente y apegado a la ley de presupuesto estatal y la Secretaría de Administración y Finanzas ha contratado créditos por 17 mil 886 millones de pesos. Imelda Castro Castro, coordinadora de los diputados del PRD acusó a la administración de Mario López Valdez de manejos irregulares del dinero público y hacer contrataciones excesivas de deuda.

Después de la sesión en que fue aprobada la cuenta pública del primer semestre de 2014 la perredista explicó: ¿Se imaginan el tamaño de este pasivo, el cual es muy superior al crédito contratado de 2 mil 600 millones de pesos que le fue autorizado en 2011, en la pasada legislatura? ¿Con qué recursos van liquidar esa descomunal obligación financiera de corto plazo?, advirtió.

Agregó que la deuda global implicó seis préstamos, lo que derivó en un aumento de la deuda pública al margen de lo que fija la ley, ejercida, además, impune e irresponsablemente.

Según las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, el gobierno debió pedir autorización a la legislatura local para adquirir estos préstamos. Castro Castro explicó que la ley de deuda pública señala que sólo pueden adquirirse créditos que no excedan 5 por ciento del ingreso total, pero el monto contratado lo sobrepasa, representando alrededor del 16 por ciento.

Solamente por eso debemos suspender la cuenta pública. Nosotros como fracción del PRD nos oponemos a que en esta cuenta persista opacidad, la perversidad financiera, la impunidad y la ilegalidad, manifestó.

Otra irregularidad encontrada, sostuvo la perredista, es la desaparición de bienes muebles comprados, incluyendo algunos vehículos, la retención de pagos a trabajadores sin su consentimiento y la realización de erogaciones sin firma de documentos de por medio.

La cuenta pública fue aprobada por 28 legisladores del PRI, del PAN y del Panal; legisladores del Movimiento Ciudadano y del PRD se opusieron, y los del Partido Sinaloense (PAS), se abstuvieron.

En un comunicado, Armando Villarreal, secretario de administración y finanzas negó que estas operaciones financieras puedan calificarse de créditos.

Por separado, durante una gira de trabajo por Culiacán, el gobernador López Valdez sostuvo que no hay nada irregular en estas contrataciones de deudas, cuyos recursos se usaron para financiar diversos programas y luego fueron saldados cuando se contó con dinero extraordinario.