Profesores y estudiantes universitarios, activistas, miembros de organizaciones sociales y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, rechazaron el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) que sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados.

Durante el primer Foro sobre la Violencia y el Estado, organizado por profesores de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la UNAM, se dio a conocer un pronunciamiento que enfatiza que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la obligación y la responsabilidad constitucional de proseguir todas las líneas de investigación de estos hechos, pues es evidente que éstas no se han agotado.

En el documento, que fue firmado por decenas de asistentes al acto, subraya que la aseveración del procurador Jesús Murillo Karam “viola abiertamente los derechos procesales y humanos de las víctimas (…) Desgraciadamente advertimos que en este informe de la PGR y en las actuaciones y declaraciones del gobierno mexicano se profundiza una abierta estrategia al olvido forzado de los crímenes de Iguala, Guerrero”.

En el foro, que se efectuó ayer en el Aula Magna de la FFL, espacio que fue insuficiente para la cantidad de personas que acudieron, participó Érika de la Cruz, esposa del normalista desaparecido Adán Abraján de la Cruz. Recordó que la posición de los familiares de las víctimas es impedir las elecciones en el estado.

“No entiendo por qué (el gobierno federal) se preocupa más por una elección que por una vida. Cuando nos reunimos con Enrique Peña Nieto en Los Pinos le preguntamos: ‘¿Cuánto vale la vida de tu hijo?’ No respondió. Entonces por qué intentaron ponerle precio a la vida de los nuestros”.

Agregó que los familiares no descansarán hasta conocer la verdad, porque la versión del procurador es un cuento.

También se dio la participación de representantes de Cherán, Michoacán. Salvador Sánchez, habitante de esa comunidad purépecha, señaló que en su pueblo también hay personas desaparecidas y ejecutadas, debido a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad.

Lorenzo Meyer, investigador de El Colegio de México, planteó que desde la perspectiva histórica toda verdad es relativa. No hay verdad histórica, no sé por qué el procurador usó ese concepto. Nadie puede saber exactamente qué pasó (en Iguala). Este caso, dijo, ha puesto en duda la credibilidad de la administración federal.

En tanto, cientos de ciudadanos residentes en la delegación Xochimilco, integrantes de organizaciones civiles, junto con familiares de los estudiantes, exigieron justicia y repudiaron la versión del gobierno federal respecto a que los estudiantes fueron asesinados y calcinados.

Integrantes de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, familiares del normalista Adán Abraján de la Cruz, así como Jorge Montemayor Aldrete, investigador del Instituto de Física de la UNAM, insistieron en que el gobierno busca dar carpetazo a este caso debido a la cercanía de los comicios de junio próximo.

Desde las 14 horas en el centro de Xochimilco organizaron un foro, en el cual Montemayor precisó que la versión de que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula no se sostiene científicamente. Precisó a La Jornada que para quemar a 43 personas debieron haber utilizado por lo menos mil llantas y agregó que tras la quema habrían quedado algunos desechos, como alambres.

Érika de la Cruz Pascual anunció que próximamente familiares de los estudiantes irán a la sede de la ONU, en Estados Unidos, y también a Alemania para denunciar lo que ocurre en México.

Más tarde, desde la glorieta de Vaqueritos, los inconformes marcharon hacia el Centro Deportivo Xochimilco, en donde realizaron un mitin.

Pasadas las 17 horas iniciaron una marcha por prolongación División del Norte hacia el deportivo Xochimilco.