a victoria de Syriza en Grecia nos muestra cómo la indignación puede expresarse –y ganar– por la vía electoral. Cambiando lo que haya que cambiar, no deja de ser una referencia para la multitud de indignadas e indignados que todos los días brotan en este país por múltiples y muy justificadas causas.

Estamos ya en el proceso de elecciones federales y locales en varios estados. Sin embargo, la vida pública del país sigue deteriorándose en aspectos fundamentales.

El carpetazo de la PGR a la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa echa aún más leña al fuego, pues no se da respuesta a la demanda de justicia de toda la nación. Mucho menos se arroja luz sobre la desaparición forzada de más de 20 mil compatriotas en estos últimos años. La intervención federal en Michoacán fracasó, como toda la estrategia anticrimen. A pesar de las aprehensiones de notables capos, la violencia sigue corroyendo esa entidad, como también Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, estado de México y varias más.

La figura del Presidente de la República se erosiona a pasos agigantados por los escándalos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que se develan un día sí y otro también. El Enrique Peña Nieto que hace dos años era el golden boy de los medios informativos de esta economía globalizada ahora es criticado acremente por los mismos órganos que ayer lo ensalzaban: The Wall Street Journal y The Economist. Su poca o nula legitimidad hace que, a pesar de haber entregado todos los recursos de la nación con sus reformas, la atracción de inversiones productivas no despunte y la economía no crezca como se requiere.

También se deteriora el salario de todos los niveles de trabajadores. Salario que es el único en América Latina que está por debajo de la línea de pobreza. Vuelven a cobrar dinamismo las maquiladoras porque somos muy competitivos para machacar el ingreso de las familias.

Si hay corrupción en la clave de arco del edificio, ésta llega hasta sus pilares y cimientos. Secretarios de Estado, como Videgaray; gobernadores como los Duarte de Chihuahua y Veracruz, Malova en Sinaloa y varios más son denunciados por quienes padecen sus malos manejos y autoritarismo. El poder presidencial parece construirse ahora con base en los acuerdos de impunidad y de cobijamiento mutuo con los señores feudales de las entidades federativas.

Por todo esto, día a día aumentan y se diversifican las insurgencias. La de Ayotzinapa, en primer lugar, de dimensiones ya nacionales e internacionales, persistente, combativa. La de los pueblos y comunidades que defienden su agua, su territorio, su vida. La que clama por la liberación de presos políticos, como el doctor Mireles o Nestora Salgado, y el respeto absoluto a los derechos humanos. Las que piden se investiguen y castiguen casos de corrupción de gobernadores, como lo demanda Unión Ciudadana en Chihuahua. La de los agricultores, hundidos por el derrumbe de los precios de sus productos.

En este contexto, algunas voces piden que no se lleven a cabo las próximas elecciones o promueven el abstencionismo y la anulación del voto. Porque es evidente que o no hay o hay muy pocos puentes entre la arena de las luchas sociales y la arena política partidaria.

Sin embargo, valdría la pena intentar algo que pueda comunicar las insurgencias con el proceso electoral federal y, sobre todo, con la legislatura que de ahí surja. Se trataría de que todos los partidos de verdadera oposición al régimen se pusieran de acuerdo en una plataforma mínima y que se comprometan a impulsarla conjuntamente en la Cámara de Diputados. De ninguna manera se trata de un pacto por México II, porque no se haría desde Los Pinos ni desde las agendas partidistas. Tendría que retomar las demandas básicas de la insurgencia social que recorre el país actualmente y convertirlas en iniciativas de ley, en políticas, en cursos de acción eficaces.

Esta plataforma para una legislatura de coalición podría tener cuatro ejes básicos: derechos humanos, lucha contra la corrupción e impunidad, aumento del poder adquisitivo de las familias y austeridad de la clase política. Con medidas y compromisos concretos, sin maximalismos.

La plataforma común debería incluir compromisos para retomar las demandas fundamentales en torno a Ayotzinapa, los presos políticos y las desapariciones forzadas. Debería incluir acciones eficaces para un aumento salarial emergente y significativo y frenar el deterioro de la economía popular.

Habría que abordar con valentía el combate eficaz a los casos concretos de corrupción, comenzando por las casas blancas, el tráfico de influencias en favor de empresas como Higa, las denuncias contra los gobernadores, como la presentada contra César Duarte.

Para dar credibilidad a esta plataforma de una legislatura de coalición, sería muy bueno que las futuras diputadas y diputados comenzaran por su propia casa. Es decir, que empezaran por reducir sus percepciones y privilegios y garantizar un manejo transparente y de verdadera rendición de cuentas del Legislativo.

Lo más probable es que el deterioro presente por todos los rumbos de este país haga perder al PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero sería terrible que no se constituyera una nueva mayoría comprometida al menos en lo mínimo con las causas más urgentes de este país. Ya no podemos permitirnos un parlamento de minorías pulverizadas y paralizadas. Urge que haya una mayoría que al menos se haga eco de las muchas insurgencias.