En México, la mayoría de las plazas laborales que se están generando son precarias, ya que no hay estabilidad en el empleo ni salario digno, y tampoco se respeta el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente, afirma Rodrigo Olvera, abogado experto en la materia y colaborador de la Familia Pasta de Conchos.

En cambio, afirma, existe un impresionante grado de impunidad de las empresas. En muchos rubros el trabajo se asemeja a formas modernas de esclavitud, como en la minería del carbón, donde en los últimos años se han documentado 124 decesos por las malas condiciones de seguridad e higiene, y desde el siglo XIX no hay una sola persona que haya sido juzgada o condenada por la muerte de los mineros.

Advierte que los trabajadores mexicanos no sólo están expuestos a violaciones en sus contratos, sino también de sus derechos humanos, y ven comprometidas su libertad de expresión, de asociación y el mismo derecho a la vida.

En el país se está viviendo una etapa de violencia laboral de Estado, porque diversas instancias e instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han sido omisas o han permitido la violación de las garantías de los trabajadores; de todo el espectro laboral del país, el sector de la minería del carbón es el paradigma de esta violencia, indicó.

Destacó que en México sólo en una pequeña parte de una entidad federativa, que es Coahuila, se genera carbón, y en esta comunidad las compañías privadas dominan la vida económica, social y gubernamental para asegurar la ganancia de la empresa. En ellas se violan indiscriminadamente los derechos laborales, atentan contra la vida de los mineros por las malas condiciones de seguridad y de trabajo, pagan míseros sueldos o incluso a destajo; prácticamente no hay sindicatos ni seguridad social. Es decir, hay empleo, pero es totalmente precario.

Indicó que sólo en la minería del carbón se tienen contabilizadas cerca de 600 viudas y 260 huérfanos, por lo que la única forma de llevar justicia a este sector es con una intervención externa, ya sea mediante demandas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.