El informe preliminar de la comisión especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinan o se hayan destinado a la línea 12 del Metro, elaborado por la presidencia de ese grupo de trabajo, considera una recomendación a la Procuraduría General de la República a efecto de que ésta, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a la averiguación de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas.

El texto –del que se tiene copia y ayer fue enviado a los integrantes de la comisión por el presidente de la misma, el priísta Marco Antonio Calzada– también recomienda a la Contraloría General capitalina que en este caso de la línea 12 deslinde las responsabilidades de las siguientes personas: el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon, el ex secretario de Finanzas Mario Delgado Carrillo y el ex titular del Proyecto Metro Enrique Horcasitas Manjarrez.

El documento fue turnado a los legisladores del grupo de trabajo sin haberse analizado y discutido en el seno del mismo. El diputado perredista Roberto López Suárez informó que la comisión se reunirá el próximo jueves a las 11 de la mañana para analizar la propuesta de Calzada, y alcanzar un acuerdo de informe final. No lo he leído, hasta hoy no es un documento oficial. No sé quién lo haya elaborado, y es necesario que todos los integrantes de la comisión estemos de acuerdo con su contenido.

En las conclusiones del informe, que servirá de base para la discusión, se advierte que el origen de las fallas que culminaron con el cierre de 11 estaciones de la llamada línea dorada está en deficiencias de diseño y falta de coordinación. Los estudios técnicos demostraron que el tren no se inscribe correctamente en una vía con tales características; el radio mínimo de las curvas no debió haber sido inferior a 300 metros, y, de manera puntual, la empresa Systra declaró que las fallas no se debieron a una falta de mantenimiento, sino a defectos de concepción en el proyecto y a una gestión incompleta de la interfaz entre el diseño de los trenes y las vías.

Hasta ahora, se advierte en el texto, el actual financiamiento de responsabilidades administrativas resulta insuficiente, y si se considera la magnitud del perjuicio causado y la gravedad de las desviaciones a los principios que rigen el servicio público, es necesario avanzar hacia una solución de fondo e imponer sanciones ejemplares en los niveles superiores de decisión sobre los funcionarios que instruyeron, permitieron o toleraron acciones indebidas.