Con los cambios constitucionales que se incorporaron en la última reforma y que obligan a los partidos políticos a alcanzar al menos 3 por ciento de la votación total para preservar su registro, cada instituto político deberá obtener alrededor de un millón de votos en los próximos comicios. Esa cantidad sería sobre el promedio de participación ciudadana en elecciones intermedias, que osciló alrededor de 42 por ciento en los últimos dos procesos intermedios.

Sobre esa votación requerida, incluso algunos partidos que han podido conservar el registro en los últimos procesos electorales estarían en riesgo de perderlo.

El Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano e incluso Nueva Alianza apenas superaron los votos requeridos en los comicios de 2012 –presidenciales y del Congreso–, cuando la ley entonces vigente establecía 2 por ciento de la votación total. En los comicios de 2012, con participación de casi 59 por ciento, el PT obtuvo poco más de 2.5 por ciento; MC apenas superó 2 y el Panal registró 2.29 por ciento.

La reforma electoral cambiará el escenario pues ahora la Constitución señala: Al partido político que no obtenga al menos 3 por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso, le será cancelado el registro.

La participación electoral baja en elecciones intermedias con respecto a las presidenciales, con diferencia promedio de 20 puntos porcentuales. Con un listado nominal de 81.9 millones de ciudadanos, de mantenerse la tendencia de 2003 y 2009 –con 41 y 44 por ciento de participación–, la votación oscilaría en torno a 34 millones e implicaría obtener, al menos, un millón de votos para mantener el registro.

Se complica permanencia

Las reformas electorales les han complicado su subsistencia, pues se han incorporado regulaciones que dificultan mantener el registro: se elevó de 2 a 3 por ciento el mínimo de votos para mantenerlo; se incrementó el número de militantes para conformar un nuevo partido, se les prohibió coaligarse en su primera experiencia electoral y se limitó la oportunidad de crearlos a una ocasión cada 6 años.

Desde que se integró el Instituto Federal Electoral –ahora Instituto Nacional Electoral–, 20 partidos políticos han tenido existencia fugaz: Centro Democrático, México Posible, Alianza Social, Demócrata Mexicano, Partido Cardenista, Fuerza Ciudadana, Liberal Mexicano, entre la gran cantidad de membretes que han desfilado por el sistema electoral.

La creación de partidos en los últimos años ha sido reivindicado como signo de pluralidad. Sin embargo, también han sido descalificados porque se ha cuestionado su representatividad real y la finalidad que persiguen sus promotores, a quienes se les atriubuye interés por el usufructo económico de las prerrogativas a las que por ley tienen derecho con cargo al erario.

PSN: un caso de desvío de fondos

El caso más polémico de la desviación de recursos fue el del Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), creado en 1999: se coligó con la izquierda partidista que impulso la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 2000, cuando no había restricción para aliarse en su primera incursión. Mantuvo registro gracias al convenio de coalición y recibió 450 millones de pesos, entre 1999 y 2003, cuando existió.

En ese periodo, su dirigente, Gustavo Riojas, creó empresas fantasmas que fungían como presuntos proveedores que eran de su propiedad. La triangulación de recursos del PSN a sus empresas fue detectada por el IFE y sancionada con más de 300 millones de multas, que nunca pagó, porque desapareció el partido y se fugó el líder.

Los experimentos partidistas han sido costosos para financiar experiencias efímeras. Así, por ejemplo, en el proceso electoral 2002-2003 participaron 11 partidos, de los cuales desaparecieron cinco, los cuales recibieron financiamiento de 847 millones de pesos de ese entonces con porcentajes de votación magros: México Posible, 0.91 por ciento; Fuerza Ciudadana, 0.46 por ciento, Partido Liberal Mexicano, 0.41, entre otros.

Para 2015, los tres nuevos partidos recibirán 400 millones de pesos para financiar su incursión. Acaso sea el manejo de los recursos, lo que ya ha detonado una disputa en Encuentro Social entre el coordinador ejecutivo, Javier López e Ignacio Yris, subcoordinador, este último con antecedentes conflictivos en Alternativa Social Demócrata y Campesina.