uy graves han sido los hechos que marcaron el 2014 para la historia de nuestro país: a la tragedia de Ayotzinapa, al asesinato de 22 personas a manos del Ejército en Tlatlaya, a la aplicación de la ley bala propuesta por el gobernador de Puebla –con el saldo trágico de un niño muerto–, a la revelación de la serie de actos de corrupción en los que ha estado envuelto Enrique Peña Nieto desde su puesto como gobernador del estado de México y luego ya como Presidente de la República –sin dar una explicación convincente de su integridad–, a la ineptitud demostrada por varios de sus colaboradores –incluyendo al secretario de Gobernación, al procurador de justicia y al titular de Comunicaciones y Transportes–, se agregan día con día nuevos agravios a la nación, no sólo de estos funcionarios, sino de otros más.
Así, nos hemos enterado que, siguiendo el ejemplo de su jefe, otros funcionarios han incurrido en las mismas prácticas, como el señor Videgaray, todavía secretario de Hacienda, incapaz de detener los dispendios del aeropuerto y los trenecitos ordenados por el Presidente, sin dar importancia a la crisis en ciernes, y seguramente por muchos más, incluidos gobernadores, legisladores y funcionarios federales, mientras los jefes de las Fuerzas Armadas lanzan advertencias que más parecen amenazas para engendrar miedo y la derecha llama a la violencia y la represión, con la intención de que todo siga igual y a su conveniencia.
Por su parte, el presidente Peña Nieto, buscando restar importancia a los crímenes cometidos, a los escándalos de corrupción que lo han envuelto y a la incapacidad probada de sus colaboradores, trata de poner en marcha una nueva estrategia mentirosa, haciendo alarde de beneficios evidentes de las reformas estructurales
, repartiendo promesas de tractores para el campo y recursos para los estados pobres, sabiendo que lo que haga (si es que en verdad lo hace) no vendrá de las publicitadas reformas, sino del endeudamiento irresponsable que está haciendo del país, como José López Portillo lo hizo en su tiempo.
Decía La Jornada de Veracruz, en su editorial del pasado sábado: “… a lo que se suma la torpe indiferencia de la burocracia, ha hecho de la toma de la calle y de la movilización por el reclamo el único instrumento de la sociedad para dar visibilidad a sus demandas y poner presión sobre los responsables de procesarlas y resolverlas”. Sí, esto es cierto, la manifestación violenta en algunos casos, pacífica en los más, ha sido hasta hoy el único instrumento empleado por la sociedad civil para manifestar descontento, ante los actos de gobierno imposibles de aceptar, mientras las élites le apuestan al miedo, al cansancio y a la resignación sin respuesta. Nuevas formas de lucha son hoy necesarias.
Hoy varias voces se unen denunciando la impunidad y la corrupción, como la de Andrés Manuel López Obrador con la propuesta de refundación del país o la formación de un nuevo Congreso Constituyente como Cuauhtémoc Cárdenas, el obispo Raúl Vera y el padre Alejandro Solalinde, periodistas, líderes sociales y artistas de relevancia nacional, incluyendo a Francisco Toledo y a Daniel Giménez Cacho, con sugerencias de nuevas formas de lucha social, deseando el restablecimiento de la ley, de la equidad, de la justicia, de los derechos humanos, esperando que por dignidad el Presidente de la República dimita, en aras del bien de una nación que desdeña.
Todo esto, sin embargo, puede quedar anulado ante la estulticia y los intereses contrarios a México. Por ello, hoy es necesario contar con nuevas formas de lucha social, más eficaces, de menor riesgo para la sociedad y también de mayor impacto ante la opinión pública nacional e internacional, considerando que aun las empresas trasnacionales se percatan del descontento, castigando a los gobiernos que constituyen riesgos para ellas. Las redes sociales basadas en la web conforman hoy una innovación importante en nuestro país. Peña Nieto no sería hoy Presidente si el movimiento 132 de los estudiantes hubiese entrado en acción tres semanas después, por un calendario diferente para su célebre visita a la Universidad Iberoamericana.
Un hecho que es necesario tomar en cuenta es que la mayor arma con que contamos los mexicanos es nuestra Constitución, que da a la sociedad mexicana, al pueblo mismo, autoridad para llamar a cuentas, tanto al Presidente como a otros funcionarios públicos (artículo 87) y dándole además la capacidad de decisión como autoridad máxima para crear su propio futuro (artículo 39). Claro que esto nunca se ha hecho por las dificultades que implica; sin embargo, ahora, los avances tecnológicos de que disponemos lo hacen factible.
La figura de las consultas nacionales, utilizadas ya en otros países con éxito, puede ser una realidad si nos lo proponemos; al hacerlo no violentamos ley alguna, más aún, tenemos el mandato constitucional de nuestra parte. Una consulta que nos permita saber cuántos estamos por la refundación del país y el establecimiento de un Congreso Constituyente, cuántos no estamos de acuerdo con las modificaciones a la Constitución que ponen en riesgo el patrimonio nacional y la soberanía.
Desde luego que realizar una consulta nacional sobre cualquier tema no es algo que se pueda hacer de un día para otro: implica el establecimiento de acuerdos y de liderazgos surgidos de la sociedad civil para convocar a la nación, requiere del diseño de procedimientos precisos, de asignación de responsabilidades y, sobre todo, de lograr una amplia cobertura nacional, tanto logística como promocional de la consulta, para dar como resultado la seguridad de que ella explicita la voluntad ciudadana de la nación, con una precisión que no permita poner en duda sus resultados, de manera que gobierno y Congreso no tengan más opción que aceptar el veredicto de la sociedad.
No se trata de conformar una nueva institución proclive a entrar en componendas con el sistema de corrupción imperante, sino de conformar una nueva cultura, en la que los ciudadanos aprendamos a pedir cuentas a nuestros gobernantes, de instruir a nuestros congresistas sobre lo que ellos deben promover y sobre el sentido de su voto, y al gobierno en su conjunto sobre los propósitos e intereses que deben ser promovidos, a comprender el alcance de nuestros derechos ciudadanos a la par que nuestras obligaciones, una nueva cultura enmarcada en el cumplimiento de las leyes, en la discusión libre de las ideas y en la aceptación del mandato que dictan las mayorías.
Un esfuerzo de esta naturaleza puede dar lugar a la refundación de la nación que hoy es necesaria. Agradezco a quienes me han manifestado su apoyo a artículos anteriores.
Twitter: @ecalderonalzat1
