La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó un grupo de expertos que dará asistencia técnica en el caso de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, precisó que este trabajo de cooperación internacional no sustituye las responsabilidades del gobierno mexicano.

La asistencia técnica se deriva de un acuerdo firmado el pasado 12 de noviembre entre representantes del Estado mexicano y los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

En el pacto se estableció que la CIDH definiría la integración del grupo de expertos. La instancia tendrá un equipo de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.

El grupo estará integrado por las siguientes personas:

–Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional

–Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y garantías fundamentales.

–Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas.

–Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud.

–Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Los nombres fueron dados a conocer anoche por el gobierno federal en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General de la República.

Horas antes, el secretario ejecutivo de la CIDH había dicho que la información se daría a conocer en los próximos días, como parte de un apoyo internacional, el cual resulta positivo. Sin embargo, precisó, dicho apoyo tiene capacidades limitadas y no debe ser visto como la forma de solucionar las tareas que son propias de las autoridades locales.

Explicó que los especialistas revisarán los planes de búsqueda de las personas desaparecidas y la atención victimal, además del trabajo penal y criminal hecho hasta el momento por el gobierno. Esta labor se realiza mediante revisiones documentales y trabajo de campo; los expertos emitirán un informe con recomendaciones generales y específicas al caso.

En el boletín conjunto se dio una información similar. El grupo tendrá las siguientes atribuciones: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.

En el acuerdo, el Estado mexicano reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada.

El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.

El Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo, para lo cual depósito un millón de dólares, el cual será administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.

El Estado continuará trabajando junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr aplicar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014, señalaron las dependencias federales mexicanas.

Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos, añade el comunicado.