En sólo cinco años de actividad, la minera Peñasquito, del grupo GoldCorp, prácticamente agotó los manantiales del ejido Cedros y Cerro Gordo, localizados en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Debido a la contaminación, la población sufre enfermedades desconocidas y las actividades agropecuarias quedaron en el abandono, al igual que las tierras de riego.

Además, la empresa se niega a cumplir con los 19 compromisos firmados con 441 campesinos en 2006, quienes entonces recibieron 22 millones de pesos por la renta de sus tierras a la minera por un periodo de 30 años.

Los ejidatarios, acompañados por José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), explicaron que no sólo se trata de un incumplimiento de acuerdos, sino de la devastación de la región, pues la empresa no tiene el dictamen de impacto ambiental y por tanto carece del permiso del cambio de uso de suelo.

“Aceptamos el convenio porque sólo en las películas habíamos escuchado de una cantidad tan enorme –22 millones de pesos–, y porque nos prometieron hospitales, universidades, becas para nuestros hijos, caminos y empleos. Hoy vemos que el dinero que recibimos lo gastamos en llevar a nuestros hijos, padres o esposas a los hospitales porque con frecuencia están enfermos de las vías respiratorias, de conjuntivitis, entre otras”, expusieron los labriegos en conferencia de prensa.

José Martínez Agüero, comentó que su hijo de cuatro años de edad no camina; ya lo llevé al hospital y me dijeron que tiene una enfermedad rara, posiblemente resultado de la actividad minera, pues todos los días hay un polvo gris, a veces hay un color naranja en el ambiente. La minera, desde que inició actividades trabaja las 24 horas, refirió.

José Narro apuntó que la minera extrae a diario 130 mil toneladas de oro, plata y zinc; su paquete accionario tiene un costo de 80 mil millones de dólares. “Toda esa riqueza se va del país, pero se niega a cumplir los compromisos adquiridos con los ejidatarios; por eso desde el sábado un grupo inició un plantón afue- ra de los acceso a la minera, adonde también llegaron elementos del Ejército y de la Policía Federal para resguardar las instalaciones de la minera.

Los ejidatarios demandan la intervención de la Secretaría de Gobernación para que se instale una mesa de negociación en la que participen los titulares de la Sagarpa, la Sedatu, Economía, Salud y Semarnat para que se revise el convenio, y los ejidatarios tengan derecho a 3 por ciento de las utilidades de la empresa, añadió.