Integrantes de la organización de Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, que operan en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), acusaron al presidente de la agrupación, Miguel Ángel Romero Mohar, de ostentar ese cargo de manera ilegal, apoyado por las autoridades aeroportuarias, ya que –aseguraron– su administración venció el año pasado.

La nueva disputa y división entre los permisionarios inconformes no es sólo por la presidencia de la asociación, sino también para que se aclare e investigue la repartición de nuevos permisos que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la agrupación a finales de 2013. Incluso hay acusaciones mutuas de agresiones físicas y verbales.

Pedro Ortiz Sosa, quien desconoce a Romero Mohar, señaló que Roberto Islas de la Peña, subdirector del AICM, sigue reconociendo y apoyando en todas las gestiones a aquél.

Durante un asamblea ordinaria e informativa que realizaron ayer en una sede alterna al AICM, y a la que asistieron no más de 100 concesionarios, acusaron que de los 110 permisos que entregó la SCT a Sitio 300 solamente se repartieron supuestamente 93, y de éstos no sabemos su distribución exacta, ya que sólo entregó 83, faltaron 17 permisos.

El problema llegó hasta la Cámara de Diputados. El secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Valentín González Bautista, señaló que se ha reunido con el nuevo director del AICM, Alexandro Argudín, quien dijo que el asunto no le compete al aeropuerto.

También se acudió ante la Secretaria de Gobernación, quien propuso mesas de negociación con la participación de la SCT, el AICM y la Cámara de Diputados para resolver este conflicto, pero hasta ahorita no se ha concretado.

Por su parte, Romero Mohar desmintió las acusaciones. Aseguró que en noviembre pasado se llevaron a cabo elecciones conforme lo estipulan los estatutos, donde más de 50 por ciento de los 600 concesionarios votaron por él. Lo anterior, afirmó, fue corroborado por diferentes notarías, entre ellas la 62 y la 170 del Distrito Federal.

Con documentos en mano, mostró las actas protocolizadas de las asamblea y elección que realizaron a finales de año y en la que fue relegido. “No tengo nada que esconder. Aquí está el padrón de los que vinieron a votar. El conteo se hizo tres veces en presencia de todos los asistentes.

Lo único que hacen estas personas es perjudicar al sitio. Es fácil acusar sin tener pruebas. Los estatutos son muy claros. Los problemas se tienen que arreglar de manera interna. Éste se encuentra en los juzgados y será la autoridad quien lo resuelva.