Los alcaldes de tres municipios de Puebla están en la cárcel desde octubre del año anterior por haberse opuesto a la iniciativa del gobierno de Rafael Moreno Valle de concentrar en la capital del estado todos los trámites del registro civil, lo cual ha generado una situación de crispación social, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras.

Así lo advirtió Miriam Pascual, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quien consideró que este intento de restar poder a las juntas auxiliares de las comunidades es una forma de intimidarlas para que no se movilicen en contra de diversos megaproyectos económicos.

La litigante recordó que desde octubre de 2014 las autoridades estatales de Puebla detuvieron al presidente municipal de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, y al alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, acusados de abuso de autoridad.

El mismo mes fue aprehendido el presidente auxiliar de la comunidad indígena de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, quien fue señalado por el supuesto delito de peculado.

De acuerdo con habitantes de las comunidades mencionadas, explicó Pascual, la verdadera razón de que los funcionarios estén presos es por su oposición a la reforma impulsada por Moreno Valle, mediante la cual se centralizarán todos los trámites del registro civil en la capital del estado.

Las autoridades poblanas, indicó, no tienen ningún argumento creíble y real para llevar a cabo este proyecto –el cual implica que las juntas auxiliares de las comunidades le entreguen sus registros al estatal– más que la supuesta intención de ahorrar gastos, sin considerar que obliga a los pobladores de sitios lejanos a gastar más dinero y tiempo en viajar a la capital.

Hay comunidades que ya entregaron sus registros, pero de todas maneras hay un desorden administrativo muy fuerte. Mucha gente va a formarse horas y no logra hacer su trámite. No puede concentrar una sola oficina todas las solicitudes del estado con tan poco personal, indicó.

Lo que al parecer quiere Moreno Valle es restar facultades y responsabilidades a las juntas auxiliares, para que la gente no se oponga a los megaproyectos de muerte que hay en el estado, dijo Pascual, quien alertó que en días recientes ha habido varios intentos de los granaderos por entrar a San Miguel Canoa o actos intimidatorios de camionetas sin placas.

Hay un escenario de tensión muy fuerte y el gobierno no ha tenido capacidad para generar un ambiente de diálogo con las comunidades. Las consecuencias pueden ser devastadoras, con más víctimas y más presos, y el gobierno va a reprimir más con el discurso de mantener el orden y seguir protegiendo a los grandes empresarios, manifestó.