al comienza la semana para el que ahorcan en lunes, decía un antiguo y sarcástico refrán de otros tiempos que, sin embargo, nos lleva a pensar en los nuestros al empezar este 2015, no sólo por lo que hemos visto en los dos últimos años, con los que dio inicio el actual gobierno, sino por el escenario económico con que comenzamos, a partir de las noticias sobre la devaluación de nuestra moneda y la caída de los precios del petróleo, convertido en columna central de la política económica fácil, impulsada por toda una cauda de gobiernos sin imaginación y sin compromiso alguno con el país que gobernaban.

La frase me vino a la mente luego de ver la imagen del presidente Enrique Peña Nieto en la portada magistral de La Jornada del miércoles pasado, al lado de Barack Obama; un rostro que muestra enojo, miedo y desconcierto en torno a lo que está viviendo, seguramente sin entender las dimensiones de su pérdida de posibilidades para gobernar que ahora tiene enfrente; mal por él, pero más mal aún para la nación entera, amenazada por una nueva crisis económica, que se refleja en el proceso devaluatorio de la moneda, ante la pérdida de la confianza, no sólo de la sociedad mexicana, sino de los capitales extranjeros, para los que México es hoy un país de riesgo.

A su falta de voluntad para resolver el enigma de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, y sin querer dar cuenta del crimen cometido por las fuerzas armadas en Tlatlaya, se suma la incongruencia de estar planteando la construcción de un aeropuerto fastuoso para la ciudad de México, mientras las cifras de desempleo se incrementan y la falta de recursos para atender a los millones de jóvenes que no encuentran opciones de trabajo ni estudio se hace evidente. ¿Por qué un nuevo aeropuerto, luego de los miles de millones de pesos gastados por los últimos gobiernos para modernizar e incrementar la capacidad del actual? ¿Por qué un tren rápido a Querétaro, en lugar de estimular proyectos productivos que mejoren la competitividad de nuestro país aprovechando sus litorales y recursos forestales? ¿Por qué pensar en obras faraónicas, cuando el país carece de recursos para cosas más necesarias?

Mucho tiempo ha pasado ya en que sucesivos gobiernos se han dedicado a beneficiar a los pocos en detrimento de las mayorías pobres, dejando a un lado los compromisos y valores constitucionales, haciendo con el país lo que han querido, supuestamente para traer mejoras para la sociedad, con resultados que en nada se parecen a lo que ofrecieron, sin encontrar por ello una reacción enérgica de la sociedad, pidiéndoles cuentas como ahora está sucediendo, luego de la tragedia de Iguala. ¿Cómo nos puede explicar el Presidente que teniendo un Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el que se han invertido miles de millones de pesos y en el que laboran cientos de investigadores, éste no haya sido capaz de alertar al gobierno sobre las infiltraciones del crimen organizado en los gobiernos municipales? ¿O será también en los estatales y aun en el federal? ¿Por qué razón este organismo tampoco puede o quiere dar respuesta sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos?

El adiós a Julio Scherer García, escritor, maestro ejemplar y visionario, ocurrido hace dos días, nos llama a reflexionar sobre la labor crítica y de denuncia realizada por él y sus colaboradores en la revista Proceso, llevándonos a conocer las arbitrariedades e incongruencias en las acciones de los sucesivos gobiernos y marcando el camino a seguir a quienes deseamos un país diferente al que hoy tenemos.

El camino debiera ser éste de ahora en adelante: exigir cuentas, ya no sólo a las acciones realizadas, sino a las que se proponen realizar; sólo eso nos permitirá lograr una nación fuerte, al dar cumplimiento a nuestra Constitución, en la que el artículo 39 nos indica con claridad: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Desde luego, lograrlo tendrá un costo, el costo de un esfuerzo visionario de gran amplitud y participación social, para el cual el primer objetivo sea el ponernos de acuerdo en lo esencial.

El mes pasado, a raíz de los sucesos de Ayotzinapa, planteé la posibilidad de hacer una consulta nacional que nos permita saber con certeza la gravedad del problema que enfrentamos: La pérdida de confianza en el actual gobierno, por su visible incompetencia, por los altos niveles de corrupción del Presidente y de sus colaboradores cercanos, y por su claro desdén por los derechos humanos y por el bienestar de la sociedad.

Una consulta también para saber como nación la posición de las mayorías en relación con las alteraciones hechas a la Constitución por el actual Congreso, en respuesta a las iniciativas del gobierno para facilitar la explotación de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras, así como otras medidas y programas propuestos por el gobierno de la República. El establecimiento de un sistema que facilite la realización de consultas nacionales puede constituirse en un parteaguas para la historia de México, conformando una cultura política que hoy no existe.

Agradezco a los lectores que han manifestado su apoyo a esta idea, que desde luego requiere de un gran esfuerzo de los miembros de la sociedad civil, de la participación de un amplio conjunto de organizaciones sociales comprometidas en su instrumentación, de un trabajo amplio y decidido de miles de ciudadanos y de liderazgos fuertes que lo puedan llevar a su realización en un tiempo razonable.

En el pasado, he participado en proyectos de esta naturaleza y sé que implican grandes esfuerzos, pero son totalmente factibles, como sé también del impacto que pueden tener; un caso conocido y exitoso fue el plebiscito de Chile organizado y realizado en 1989-90, que dio como resultado la terminación de la dictadura de Pinochet. Existe también la experiencia mexicana del plebiscito ciudadano de 1993, que se realizó en el Distrito Federal, para consultar a los ciudadanos sobre la elección del jefe de Gobierno de la entidad, nombrado hasta entonces por el presidente de la República directamente, dando como resultado que en 1997 se eligiera por primera vez a las autoridades de la capital del país.

Por la importancia del tema, dedicaré un próximo artículo a hablar de esta experiencia, con el propósito de analizar sus posibilidades, su importancia y su posible realización.