María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, se reservó ayer su derecho a declarar sobre la acusación que formuló en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de delincuencia organizada en su modalidad de narcotráfico y lavado de dinero, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En una videoconferencia con el juez tercero de distrito de procesos penales con sede en Toluca, estado de México, Pineda Villeda solicitó la duplicidad del término constitucional (96 horas) para que se defina su situación jurídica, razón por la cual el juez de la causa fijó como fecha límite para dictar o no auto de formal prisión el próximo domingo 11 de enero a las 10 de la mañana.

Pineda Abarca fue trasladada el pasado fin de semana al penal federal femenil El Rincón, ubicado en Nayarit, luego de haber estado arraigada 60 días junto con su esposo, por estar presuntamente vinculada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Ilícitos que le imputan

Sin embargo, ninguno de los delitos que se imputan a la acusada por la PGR está relacionado con los normalistas desaparecidos, sino con otros hechos delictivos.

Por otra parte, Pineda Villa presentó un nuevo juicio de amparo contra la consignación que hizo la PGR en su contra ante un juez federal por los delitos de delincuencia organizada en su modalidad de narcotráfico y lavado de dinero, así como por su eventual traslado a un penal federal.

En su demanda aseguró que sufrió maltrato sicológico y estuvo incomunicada, razón por la cual solicitó su inmediata liberación.

La demanda fue admitida por el juzgado primero de distrito de amparo en materia penal con sede en el Distrito Federal, aunque fuentes judiciales explicaron que el recurso será desechado debido a que su situación jurídica ya cambió, al pasar de arraigada a consignada ante un juez federal.

El juez con sede en Toluca deberá definir en un máximo de 96 horas si dicta auto de formal prisión a la esposa del ex alcalde de Iguala por los delitos mencionados, los cuales, por cierto, no tienen nada que ver con la desaparición de los normalistas.