Phoenix.

El juez federal David Campbell emitió una medida cautelar que impide al sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, aplicar dos leyes estatales que hacen que sea delito grave para inmigrantes indocumentados utilizar identidades robadas para obtener trabajo.

La orden emitida el lunes por Campbell también prohíbe al procurador de distrito del condado de Maricopa, Bill Montgomery, procesar a cualquier indocumentado que sea detenido por esas causas.

La disposición del juez impide esencialmente a Arpaio continuar realizando sus controversiales redadas en sitios de trabajo para detener a indocumentados.

El juez Campbell dijo que las dos leyes estatales que criminalizan el robo de identidad con el fin de obtener un empleo, y establecen el delito de conspiración para el contrabando a quien paga a un traficante, son anticonstitucionales porque están precedidas por la ley federal.

Arpaio, quien se ha distinguido por su combate a la inmigración ilegal, se ha valido de estas dos leyes estatales para detener a cientos de indocumentados.

Utilizando ambas leyes, Arpaio condujo desde 2007 a la fecha unas 80 redadas y arrestó a 790 trabajadores carentes de documentos migratorios, según estadísticas difundidas por la oficina del sheriff.

Muchos de los inmigrantes detenidos fueron entregados a las autoridades federales de inmigración y deportados. Sus procesos judiciales en Estados Unidos impiden a muchos de ellos cualquier posibilidad de poder regresar alguna vez al país legalmente.

La medida cautelar emitida por el juez Campbell, se desprende de una demanda interpuesta contra Arpaio en junio pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el grupo pro inmigrante Puente Arizona, para forzar al sheriff a poner fin a las redadas en los centros de trabajo.

Sin embargo, Arpaio ya había anunciado en diciembre pasado que planeaba desmantelar su unidad de inspección en sitios de trabajo a finales de enero o principios de febrero.