A más tardar este lunes, la Procuraduría General de la República (PGR) decidirá la situación jurídica de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y señalada por el gobierno federal como una de las autoras intelectuales de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) informaron que hay tres posibilidades para Pineda Villa: que sea consignada por la privación ilegal de la libertad de los normalistas; que se solicite la ampliación de su arraigo por segunda vez, ya que puede permanecer en esa condición hasta 80 días, o bien, ser liberada si el Ministerio Público no ha obtenido suficientes elementos de prueba para acreditar su responsabilidad.

Pineda Villa es investigada por lavado de dinero, ya que presuntamente era quien se encargaba de distribuir –en contubernio con su marido– entre 2 y 3 millones de pesos al mes a más de 80 policías del municipio de Iguala, que no estaban en la nómina y servían a la banda delictiva Guerreros Unidos.

Asimismo, se le indaga por delincuencia organizada, debido a sus nexos con los integrantes y líderes de ese grupo del crimen y por privación ilegal de la libertad en el caso de los 43 normalistas.

A pesar de que varios de los policías de Iguala que ya se encuentran procesados por el plagio y desaparición de los estudiantes han mencionado los nexos de Pineda Villa, aún está el reto de poder acreditar ante un juez que existe evidencia suficiente para emitir la orden de aprehensión en su contra.