La violencia y la inseguridad en México han provocado que decenas de miles de personas hayan tenido que salir de sus lugares de origen en años recientes, en un fenómeno de desplazamiento forzado que las autoridades conocen, pero no admiten, y cuyas dimensiones reales no se saben porque ninguna instancia oficial lo ha documentado, señalaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con estudios de organizaciones independientes, el desplazamiento ocurre de forma masiva en por lo menos 12 estados de la República –entre ellos Michoacán, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila y Veracruz– y está empezando a repuntar en esta administración, luego del auge que tuvo en el gobierno de Felipe Calderón.

Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento interno y forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), subrayó que este tema prácticamente no ha sido explorado, en gran medida porque ocurre de forma silenciosa, pero también porque ha sido opacado por otros abusos que ocurren en el país, como la desaparición forzada y los asesinatos.

El surgimiento

Este fenómeno, detalló la especialista, “comenzó a detonar a partir de la guerra antinarco declarada por Calderón. Nosotros empezamos a documentar casos desde 2008; en el periodo 2009-2010 fue cuando se generaron más desplazamientos forzosos, después bajaron y en 2013 y 2014 empezaron a recrudecerse de nuevo”.

Tomando como referencia notas periodísticas de medios locales, el equipo de la CMDPDH armó una base de datos en la cual identificó 12 entidades en donde ocurren de forma más clara los desplazamientos por violencia: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán y Guerrero.

La causa de la salida de los afectados es generalmente la violencia entre grupos delincuenciales que se disputan un área geográfica para monopolizar la venta de drogas, pero también hay casos en donde lo que más le interesa a los criminales es controlar los recursos naturales de cierto territorio, por lo que expulsan a sus habitantes.

Muchas de las personas que toman la decisión de salir de su lugar de origen, indicó Pérez, ya sufrieron previamente algún hecho violento, como el asesinato de algún ser querido o un conocido, un secuestro, una amenaza directa o un intento de extorsión.

Frente a ello, deploró la activista, las fuerzas encargadas de brindar seguridad han sido omisas y no intervienen para proteger a los afectados, o en el mejor de los casos les avisan que tienen que irse y los escoltan para que salgan de sus comunidades, pero sin evitar el éxodo forzoso.

Casi todos los episodios de desplazamiento ocurren de forma masiva –es decir, cuando menos 10 familias dejan sus casas–, como parte de un fenómeno silencioso y gradual, de gota a gota, que afecta lo mismo a campesinos que a profesionistas, comerciantes o empresarios, y no sólo a habitantes de comunidades rurales en conflicto por la tierra, como ocurría hasta hace unos años.

Aunque muchas víctimas tienen oportunidad de planear con tiempo su huida a un lugar más seguro (por lo general ciudades grandes en la misma región e incluso en el extranjero, sobre todo Estados Unidos), también hay casos de desplazamiento repentino, como se le conoce.

Muchas personas se fueron con lo primero que tuvieron a la mano o con un solo cambio de ropa. Supimos de gente que se escondió en la sierra por varios días y luego regresó por algunas cosas y se volvió a ir, o algunos que se fueron en caballos, metiendo a 18 personas en un auto o escondiendo a sus hijos en instrumentos musicales para que no los descubrieran, narró Pérez.

Sobre la cantidad de afectados, la falta de estudios por parte del gobierno hace difícil mencionar un número, pero hay un análisis del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno según el cual, entre 2011 y 2013, unas 160 mil personas fueron desplazadas en el país, de las cuales casi 142 mil tuvieron que salir de sus hogares por la violencia de grupos delincuenciales.

En la misma línea, la asociación Refugees International (RI) presentó en julio de 2014 un reporte titulado Las víctimas ocultas de México, en el cual advirtió que el país atraviesa una crisis humanitaria encubierta, pues “comunidades rurales enteras han sido vilmente expulsadas por cárteles de la droga, las cuales buscan apoderarse de sus tierras y recursos naturales”.

En el estudio, la organización, con sede en Washington, señala que cientos de miles de mexicanos se encuentran desplazados y necesitan desesperadamente documentación, albergue, medios de subsistencia y apoyo sicosocial, al mismo tiempo que llamó al gobierno a reconocer la existencia del problema y activar una estrategia humanitaria integral.

Aunque las autoridades han logrado detener o matar a los líderes de varios grupos criminales, indicó RI, no cuentan con un plan de contingencia para las personas desplazadas por estos grupos, ni para el inevitable incremento de la violencia que ocurre debido a esta estrategia de seguridad.

Al hacer un análisis de las causas del desplazamiento forzado, los autores del estudio –realizado tras una visita a varios estados en mayo y junio de 2014– afirmar que los cárteles buscan controlar territorios que pueden ser utilizados para cultivar enervantes, controlar la minería y la extracción de madera y traficar drogas, por lo que fuerzan a los habitantes a salir de sus casas.

Buena parte de los afectados, de acuerdo con la organización estadunidense, no posee documentos oficiales de identidad, viven en casas muy precarias y en condiciones de hacinamiento, no tienen garantizada la seguridad ni el acceso a la salud y atraviesan penurias económicas extremas para ganarse la vida, pues únicamente pueden acceder a empleo temporal y mal remunerado.

RI concluyó que aunque México cuenta con múltiples mecanismos para prestar asistencia a los desplazados, el gobierno federal no ha mostrado disposición para admitir cabalmente el problema y apoyar de manera consistente a los afectados.

Luego de recalcar que las autoridades tienen la suficiente capacidad económica y técnica para documentar este fenómeno y asignar recursos para solucionarlo, el colectivo dio a conocer una serie de recomendaciones al gobierno, entre ellas nombrar a un encargado especial para dicho tema, aplicar plenamente la Ley General de Víctimas y dar ayuda a los afectados para que accedan a la educación, el empleo y la vivienda, entre otros servicios básicos.