Guanajuato, Gto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un juicio de amparo y un proceso de reasunción de competencia, a raíz de que elementos de la Secreta- ría de Marina arrestaron a una mujer de 23 años que interrumpió el embarazo en Veracruz y fue procesada penalmente, a pesar de que el Código Penal de esa entidad, aunque considera delito el aborto, no contempla penas privativas de la libertad, informó Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres.

En el primer trimestre de 2015, el pleno de la SCJN determinará la situación de la práctica de aborto en el Código Penal de Veracruz. Si decide que es ilegal, todos los códigos penales estatales del país estarían en la misma situación y tendrían que ser reformados. Esto es, la práctica de abortar podría ser declarada inconstitucional en todo México.

En enero de 2013, elementos de la Marina y de la Agencia Veracruzana de Investigación ingresaron al domicilio de una mujer que horas antes había abortado. El Ministerio Público ejerció acción penal contra la joven y el 11 de febrero el juez primero le dictó auto de sujeción a proceso.

El 15 de marzo pasado la mujer tramitó un amparo contra el auto de sujeción porque el Código Penal de Veracruz no contempla sanciones privativas de la libertad por aborto. El 30 de julio la justicia federal determinó amparar a la quejosa contra el auto de sujeción.

La primera sala de la SCJN, a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, inició la reasunción de competencia con folio 33/2013, a petición de la afectada, al considerar que el delito de aborto estipulado en el Código Penal de Veracruz viola los artículos 1, 4, 14 y 18 de la Carta Magna.

Cruz Sánchez destacó la importancia del proceso de reasunción porque en México las mujeres más pobres siguen siendo criminalizadas por interrumpir un embarazo.

Recordó que a raíz del caso de las siete mujeres de Guanajuato presas por abortar, pero sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, se percataron que en todas las entidades se criminalizaba a las mujeres que interrumpían la gestación.

Después de que las guanajuatenses fueron liberadas en septiembre de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha integrado 30 averiguaciones previas por aborto, pero todas han sido archivadas, concluyó la directora del Centro Las Libres.