Sin resolución definitiva culminó ayer a las 19 horas la reunión de los ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea y autoridades del área. Por un lado, la postura oficial de la banca de desarrollo es que no pagará 100 por ciento de los recursos estafados. Por otro, los inversionistas engañados demandaron una reunión con los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Después de nueve horas de diálogo infructuoso, abrieron la posibilidad de iniciar una denuncia ante el Ministerio Público especializado contra funcionarios de los órganos reguladores por las omisiones en que incurrieron. Indicaron que llevarán sus denuncias ante organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Luis Madrazo Lajous, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP, quien llegó con casi tres horas de retraso al encuentro, que se inició a las 10 de la mañana, pidió más tiempo para analizar los expedientes de la cartera de Ficrea, con el objetivo de lograr una mayor recuperación de recursos.

Lo anterior, después de que se llegó a la conclusión de que no eran consistentes los datos de la compulsa (revisión) efectuada por el interventor de Ficrea, Federico Manuel López Cárdenas, para declarar la disolución y quiebra de la Sofipo, figura con la cual operaba Ficrea.

La revisión que llevaron a cabo la comisión de ahorradores defraudados y autoridades encabezadas por el presidente de la Condusef, Mario di Costanzo, reveló que hay discrepancia de datos en cuanto a los activos y número de ahorradores, al pasar de 6 mil 848 a 7 mil 300.

Ante esas inconsistencias el interventor de Ficrea, Federico Manuel López Cárdenas, explicó que las garantías no eran líquidas y exigibles. Por ello, explicó, difieren los datos. Además, indicó que no hay garantías en todos los préstamos que los pudieran respaldar. Estamos en la depuración de esa cartera, subrayó.

Por su parte, Édgar Bonilla del Ángel, vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señaló que Ficrea constituyó una empresa de papel denominada Monka Comercial. A través de ella, antes del 7 de noviembre, cuando se decretó la intervención gerencial de Ficrea, se transfirieron y salieron mil 500 millones de pesos.

Detalló que en semanas recientes la CNBV dio opiniones sobre la comisión de delitos financieros, los cuales no quiso revelar por ser una investigación en curso, pero explicó que se presentó la denuncia ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, la cual, a su vez, interpondrá una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Reveló que el dueño de la Sofipo, Rafael Olvera Amezcua, solicitó un amparo hace dos semanas por la intervención gerencial de Ficrea. En la demanda argumenta afectación por ser accionista mayoritario, sin embargo, el juez de distrito negó la suspensión provisional y el acto jurídico que reclamó quedó sin efecto y derivó en la revocación de la licencia a Ficrea para operar.

Solicitan pago de seguro

Por otro lado, informó que aproximadamente 200 inversionistas afectados ya solicitaron el pago del seguro por 25 mil unidades de inversión (Udi), equivalente a 131 mil pesos, monto que se pagaría en enero de 2015.

Posteriormente, Eduardo Cruz Gómez, coordinador general de la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, quien se presentó a las 15:30 horas, aseveró que se está integrando la averiguación previa con seriedad y profesionalismo para llevarla ante un juez, con el fin de detener a todos los involucrados.

El funcionario de la PGR dijo que hay un avance de 80 por ciento en la investigación, y dijo que sí se han detectado otros bienes. Estamos haciendo la indagatoria con seriedad y sin filtraciones, añadió.

Cruz Gómez expresó que hasta el momento no hay arraigados, y manifestó que la denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó la denuncia el pasado 17 de octubre.

El interventor de Ficrea señaló que los días 3 y 4 de noviembre pasado salieron de Ficrea alrededor de 400 millones de pesos.

Estos datos revelados causaron irritación, que llevó a un debate más ríspido entre el comité de ahorradores y autoridades. Los afectados recriminaron a los funcionarios su lentitud y omisiones, pues permitieron que Ficra siguiera captando recursos y no se liberara ninguna orden de aprehensión. Por ello, consideraron que podría haber colusión entre autoridades reguladoras del sistema bancario y los defraudadores.

Los inversionistas acusaron a las autoridades de permitir un fraude maquinado, porque desde marzo sabían de los manejos ilegales y permitieron que continuara la publicidad de Ficrea en diversos medios. Proponen crear una asociación civil para emprender una lucha jurídica y de esta manera tratar de recuperar sus ahorros, porque, aseguraron, que no hubo una defensa de los usuarios y existió negligencia por la CNBV.

Mientras tanto, un centenar de estafados gritaban consignas frente a la sede de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entre ellas: Gobierno, ratero, devuélveme mi dinero. En el exterior se montó un cerco con granaderos del Distrito Federal, mientras en el interior había elementos de la Policía Federal.

En la reunión también estuvieron Mario Alberto di Costanzo Armenta, presidente de la Condusef; Edna Barba y Lara, vicepresidente jurídico de ésta; Luis Fabre Pruneda, vicepresidente técnico, y Rodrigo Reina Leciaga, vicepresidente de delegaciones del organismo.

Sin embargo, a las 18:30 horas, después de un receso de una hora, los funcionarios de Banca de Desarrollo y de la CNBV abandonaron la Condusef y Mario di Costanzo se comprometió a tratar de buscar una entrevista con los titulares de la SHCP y Gobernación.