l clausurar la trigésimo séptima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las labores para garantizar la seguridad y la procuración de justicia en todo el país son una responsabilidad compartida, por lo que pidió a las autoridades estatales no creer que las fuerzas federales van a relevarlos de sus tareas. El mandatario se refirió al tema de la corrupción, un problema que es de orden cultural y dijo que revertir esa cultura ancestral es una tarea de autoridades y sociedad en general.

Tales palabras fueron secundadas por membretes empresariales que acudieron al acto en calidad de representantes de organizaciones de la sociedad civil, como Alejandro Martí, presidente de México SOS, y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, quienes se pronunciaron por combatir la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores de la sociedad.

A primera vista, las palabras presidenciales y de los representantes empresariales pudieran parecer un ensayo retórico como suelen desarrollarse en encuentros de este tipo. Pero si en política la forma es fondo, la participación de personajes como los referidos es indicativa de los hilos de continuidad en las estrategias de seguridad de la pasada administración y la actual. Debe recordarse que durante el sexenio pasado, caracterizado por una gravísima crisis de seguridad que recorrió el país y arrojó secuelas de muerte sin precedente, el calderonismo se valió de este tipo de reuniones para realizar ejercicios tan insustanciales como ineficaces de presunta planeación en la materia e intentó darles un revestimiento ciudadano mediante la participación de víctimas que, sin soslayar sus tragedias personales o familiares, representan a una porción privilegiada de la población que cuenta con los medios para hacerse visible.

Tal fue el caso de Alejandro Martí, quien transitó del si no pueden, renuncien, formulado en 2008 a las autoridades al elogio de la figura presidencial durante la última reunión del CNSP encabezada por Felipe Calderón. En contraste, durante el último tramo de la pasada administración y el primero de la actual se ha excluido de estos encuentros a otras representaciones ciudadanas y populares, menos complacientes y más críticas del desempeño gubernamental en este ámbito.

Ahora, bajo las siglas del PRI y cuando la crisis de seguridad se vuelve a poner en evidencia no sólo por la persistente operación de las agrupaciones delictivas, sino por la demostración de complicidades entre esos grupos y corporaciones de seguridad pública y por los abusos cometidos por efectivos del propio Estado, el hecho de que el gobierno peñista recurra a las víctimas empresariales del calderonismo es significativo y preocupante: significativo, porque ante la ausencia de resultados, se pone en evidencia que el gobierno actual no tiene intenciones de dar un viraje real y de fondo a la política de su antecesor; preocupante, porque de esa forma las autoridades excluyen muchas otras voces de dolor e indignación de víctimas que no han podido encontrar en el gobierno un interlocutor confiable.

Cuando un gobierno se empeña consistentemente en tratar temas de seguridad en ambientes controlados y se cierra al conjunto de expresiones de las víctimas del delito que le resultan incómodas, es obligado dudar que esté asumiendo el combate al delito y el restablecimiento del estado de derecho como responsabilidad compartida. Tal parece, en cambio, que el primero en rehuir a esa responsabilidad es el propio gobierno.