La Procuraduría General de la República (PGR) presentará una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra el secretario de acuerdos del tercer tribunal unitario penal de la ciudad de México, Fermín Cotero, quien el pasado viernes, justo el día en que salió de vacaciones, confirmó una sentencia absolutoria con la que finiquitó la imputación por enriquecimiento ilícito que enfrentaba Raúl Salinas de Gortari, informaron fuentes gubernamentales.

El tribunal federal que dictó la sentencia favorable al ingeniero carece de titular desde el pasado 15 de noviembre, cuando la magistrada Martha del Carmen Hernández –ex subprocuradora del estado de México durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto– fue nombrada consejera de la Judicatura Federal.

El secretario de acuerdos quedó como encargado de despacho del tercer tribunal unitario, pero, de acuerdo con las fuentes gubernamentales, varios días antes de que Cotero firmara la sentencia absolutoria se reunió con el agente del Ministerio Público federal adscrito al tribunal y ante el funcionario de la PGR supuestamente se comprometió a que el caso Salinas no iba a ser resuelto hasta que se nombrara a un juzgador sustituto de la magistrada Hernández.

Los funcionarios de la PGR entrevistados consideran que la determinación del secretario Cotero despierta muchas sospechas sobre probables hechos de corrupción y/o de exceso en las facultades legales del funcionario judicial, ya que los secretarios en funciones temporales de juez o magistrado sólo están autorizados para emitir sentencias cuando se trata de casos de extrema urgencia.

No hubiera pasado nada si el secretario (de acuerdos del tercer tribunal unitario) se hubiera ido de vacaciones dejando pendiente la resolución del caso Salinas. Tampoco habría pasado nada si se hubiera esperado a que la Judicatura nombrara al próximo magistrado para ese tribunal, dijo un fiscal de la PGR que pidió no mencionar su nombre.

En caso de que el CJF inicie una investigación contra Cotero o lo llegara a sancionar, en nada trascendería al fallo absolutorio, pues ahora lo único que se puede revisar es si el actuar del secretario de acuerdos estuvo apegado a la legalidad.

El pasado viernes, al resolver la apelación 180/2013, interpuesta por el actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el tercer tribunal unitario consideró que la dependencia federal no acreditó que el incremento de la riqueza de Salinas sea producto de actos de corrupción como funcionario.