l Estado mexicano no resuelve los grandes problemas nacionales: los pospone o hace como si los resolviera. Lo revela así el reciente enfrentamiento de ex autodefensas en La Ruana. El modelo Michoacán hace agua, pero también el modelo Juárez, como puede observarse en el repunte de la violencia en esa ciudad fronteriza y sus municipios aledaños.

El sábado 6 de diciembre, en Guadalupe, en el valle de Juárez, fueron desaparecidos tres jóvenes. Los encontraron el jueves 11, asesinados, en uno de tantos arenales de esta región. Los identificaron como Élmer García Archuleta, sicólogo recién egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; su hermano Édgar y el primo de ambos, Gabriel Gándara Archuleta. El padre de los primeros fue asesinado hace un año en la cabecera municipal de Guadalupe cuando asaltaron un taller de su propiedad. La hermana de Gabriel, Éricka, quien fue la única mujer policía de dicho municipio, fue desaparecida en 2010 y su cadáver encontrado en un canal de aguas negras. Genealogías de muerte que se viven por acá. Familias completas asesinadas o desaparecidas, como la familia Reyes Salazar, cuyos sobrevivientes muerden ahora la amargura del exilio en Estados Unidos, como el de varios niños que jugaban beisbol en Loma Blanca…

El asesinato de Élmer ha causado conmoción en la comunidad estudiantil y de organizaciones civiles de Juárez. Joven estudioso, participante en varias organizaciones juveniles, como en el Centro Humano de Liderazgo y en la Iniciativa Youth Work México, entre otros. Servía a su comunidad ejemplarmente y acababa de presentar una disertación sobre el impacto social de la violencia en el Congreso Nacional de Psicología.

Más de 50 organizaciones y personalidades han denunciado el nuevo juvenicidio y demandan justicia a la vez que critican la demagogia de los gobiernos federal y del estado que autocelebran el éxito del denominado modelo Juárez para atacar la violencia y la impunidad. Con amplia experiencia en atención a jóvenes, en prevención y atención a adicciones, en trabajo con niños, en defensa y promoción de los derechos humanos y defensa de las mujeres, varias de estas organizaciones presentan un sólido y muy completo balance de la situación de violencia en Ciudad Juárez a contrapunto de la autocomplacencia gubernamental. El documento, presentado el pasado 10 de diciembre, se titula: Juárez, entre la impunidad, la corrupción y el despojo de los derechos humanos.

Los principales hechos que destaca el balance son: entre septiembre de 2011 y noviembre de 2014 el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte registró 125 casos de tortura y nueve desapariciones forzadas de personas, todos varones. En todos los casos los perpetradores son autoridades de diversos órdenes de gobierno.

Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de la violencia. De las 314 recomendaciones para México sobre los derechos de las mujeres, emitidas en 31 informes de mecanismos internacionales, 141 recomendaciones son para Ciudad Juárez. El Centro de Justicia para las Mujeres de esta ciudad tiene registrados de enero a octubre de 2014, 2 mil 561 casos de violencia física; mil 809 de violencia sicológica; mil 52 de violencia patrimonial; 73 de violencia económica y 191 de violencia sexual. Por su parte, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez tiene documentada la desaparición de 98 mujeres de 1995 hasta 2014, 54 de ellas, de muchachas entre 10 y 19 años. De acuerdo al monitoreo de esta misma organización, el azote del feminicidio sigue muy presente en esta frontera: en 2010 se contaron 304 feminicidios; 191 en 2011; 94 en 2012; 93 en 2013, y de enero a octubre de 2014, 39.

La atención a las niñas y niños va en reversa. Un ejemplo lo proporcionan los Centros de Bienestar Infantil municipales: en 2010, en el apogeo de la violencia, eran sólo 38. Gracias a la exigencia de la sociedad llegaron a ser 73 en 2013, pero ahora sólo se cuentan 58. La población infantil que atienden es de tan sólo 5 mil 800 chiquillos y la no atendida en toda la frontera asciende a 228 mil 220. Algo semejante pasa con las guarderías de Sedesol: llegó a haber 120 de ellas y ahora sólo hay 90; tan sólo en 2013, la localidad perdió tres guarderías del IMSS.

El balance presenta un cuadro contundente al comparar el gasto per cápita de Juárez y la capital del estado en los indicadores de calidad de vida: en seguridad, en la ciudad de Chihuahua se gastan 999.4 pesos por habitante, contra 429.2 en Juárez; en obras, 675.6 pesos en la capital contra 429.2 de esta frontera; en servicios educativos, Chihuahua recibe 60.8 pesos por habitante por 28.9 de Juárez, y en cultura, la capital supera más de 10 veces lo invertido en la frontera: 47.5 pesos contra sólo 4.4. Peor aún resulta el presupuesto federal: tan sólo los moches otorgados para que cada diputado federal distribuya discrecionalmente exceden casi en 40 por ciento al presupuesto total de Ciudad Juárez. Mientras la ciudad de México pide recursos presupuestales adicionales por su condición de capitalidad, poblaciones fronterizas, como Juárez, que reciben migrantes de todo el país y cientos de deportados de Estados Unidos, no cuentan con un presupuesto especial por su condición de fronteridad o de ser ciudades nacionales.

Y si Juárez está descuidado por las autoridades de todos los niveles, peor aún los municipios del valle del mismo nombre: Guadalupe D.B. y Práxedis G. Guerrero. Ahí reinan el caos urbano, la economía ilegal, los arenales y el terror de los cárteles. El Estado no está presente ni para recoger la basura.

Los modelos que abarcan sólo aspectos policiacos, sin tocar la impunidad, y que abordan superficialmente las causas sociales de las violencias, como el de Juárez, como el de Michoacán, están destinados al fracaso. El parafraseo es inevitable: “Es el modelo, pero de país, estúpido…”