Brasilia.

Unos siete millones 200 mil brasileños, en especial jóvenes mulatos o negros de zonas rurales, sufren hambre, mientras una cuarta parte de los habitantes del país está en situación de inseguridad alimentaria, reveló un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Un total de nueve millones 600 mil hogares están en situación de inseguridad alimentaria leve, es decir, tienen acceso a alimentos, aunque temen perderlo en el futuro, señaló el IBGE.

La cifra bajó de 30.2 por ciento en 2009 a 22.6 por ciento en 2013, precisó la institución, al tiempo que la inseguridad alimentaria grave, o sea, falta real de alimentos, bajó de 6.9 por ciento en 2004 a 5 por ciento, el año pasado.

Gran parte de los afectados por el hambre se concentra en los estados del noreste, Maranhao y Piauí, donde la inseguridad alimentaria afecta a la mitad de los hogares.

Los datos confirman el acierto de las políticas de transferencia de renta mediante el programa Beca Familia, y de suministro de alimentos a las familias más vulnerables al hambre, afirmó el director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos, Francisco Menezes, quien advirtió, no obstante, que el estancamiento económico con inflación que vive Brasil puede perjudicar las conquistas de la lucha contra el hambre en el país.

El IBGE indicó que a pesar de las políticas de combate a la pobreza aplicadas de 2004 a 2013 por los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, la participación del 10 por ciento más pobre en la renta nacional aumentó sólo de uno por ciento a 1.2. El diez por ciento más rico, por su parte, concentra 41.7 por ciento de la riqueza del país, mientras en 2004 era de 45.8.

En el Congreso, mientras tanto, una comisión ad hoc de diputados y senadores que investiga las acusaciones de corrupción en la estatal Petrobras emitió un informe final en el que recomienda a los fiscales que presenten cargos contra 52 personas por presuntos nexos con la red de sobornos y contratos preferentes para constructoras privadas. El informe pasará a debate en las dos cámaras para su votación.

Las investigaciones resultaron hasta ahora en la apertura de un juicio penal contra 39 personas, entre funcionarios de Petrobras y ejecutivos empresariales.