l año concluye y el horizonte nacional sigue oscureciéndose. A las duras, insuperables señales de la tragedia que nos marcan para siempre –y cuyo desenlace sigue pendiente– se unen la incertidumbre económica, la desazón de las élites que lo quieren todo ahora, la sensación generalizada de los de abajo de que algo va mal y nos afecta a todos, aunque la distribución de las cargas sea como siempre injusta, desigual. Por primera vez en mucho tiempo la conciencia de la crisis desborda las soluciones imaginadas para atenderla. La necesidad del cambio es innegable. Sin embargo, a la irritación manifiesta se añade, riesgosamente, el aura pesimista que anuncia el retroceso de la democracia como aspiración, el fatalismo que se apoya en la vuelta al principio de autoridad como requisito del orden.

En el México de hoy, los proyectos oficiales topan de inmediato con la incredulidad ciudadana, reforzada por la ineficacia de la administración pública para atender las necesidades de la sociedad, mas agraviada por la discrecionalidad del poder y el cansancio de tantas promesas incumplidas. El triunfalismo por las reformas estructurales se ha convertido en una acta acusatoria contra el Presidente, pero en los círculos dominantes, fuera de la lucha por repartirse el pastel, no existe ni siquiera un reconocimiento explícito de la necesidad de admitir nuevos enfoques para evitar la mayor descomposición de la vida pública. La acción pública estatal rinde culto a un estilo de hacer política que parece una sombra del pasado. La simulación corroe el discurso político, lo envilece. El fracaso para enfrentar el tema de la corrupción, por ejemplo, corre paralelo a la renunicia a combatir la impunidad como una política de Estado, a pesar de las declaraciones y los mea culpa de los altos funcionarios. La reacción popular ante el crimen de Iguala prueba el hartazgo de mucha gente, cansada ya de vivir la mentira ofrecida como esperanza de cambio. La voz de las manifestaciones de solidaridad con los desaparecidos y sus familias son una poderosa llamada de alerta para salir del fatalismo para retomar la iniciativa popular de cara a las minorías hiperprivilegiadas. Pero el camino no será sencillo. Las fuerzas subalternas requieren organizarse, superar disputas de otras épocas y plantearse planes de acción concordante con la época. Revivir las ideas y la deliberación pública.

Hay en todo esto quien sueña con que los conflictos rueden como una bola de nieve hasta aplastar –sin mediaciones electorales– el poder dominante, el Estado, sin calibrar la correlación de fuerzas ni tampoco la virtud de una salida fincada en la negatividad, es decir, negando la política que pueda abarcar un proyecto de futuro asentado en los intereses de las mayorías. Por lo demás, para ciertos efectos políticos se vive como si la violencia fuera un peligro potencial y no la realidad actual, presente, que condiciona la vida social desde hace mucho tiempo. En rigor, la crisis se manifiesta como desconfianza por todo lo que hasta ayer se tenía como seguro y predecible en la arena pública. No solamente se ha erosionado la política, el orden legal, la institucionalidad, sino también el lenguaje, la comunicación, los códigos a través de los cuales se modulaban conflictos e intereses. La urgencia de reformar a fondo las reglas de convivencia, junto con las políticas que orientan los fines del Estado, sus razones, principios y objetivos programáticos, no es un capricho, sino la expresión de una necesidad que hace saltar las costuras del orden actual. Ante este estado de cosas, el gobierno carece de una visión integral, por lo cual no deja satisfecho a nadie y se ve orillado a dar palos de ciego, haciendo concesiones según la temperatura de los problemas.

Irresponsablemente algunos piensan que la solución de la crisis radicada por ahora en Guerrero puede darse sin atender a fondo los graves problemas sociales, educativos, productivos sobre los cuales se asienta la injusticia, la desigualdad, la dolarización social y, claro, el crimen organizado. Es un engaño suponer que basta con aplicar la ley a cualquier precio para cambiar a México, como si la mera represión del delito, sin una reforma de fondo al sistema, pudiera crear un estado de derecho real, objetivo sin el cual el régimen democrático es mera ficción.

Se olvida hasta qué punto los problemas están condicionados unos a otros, haciendo inútiles los compartimientos estancos tras los cuales se blinda la burocracia política. Es inconcebible que, no obstante la crítica que les ha caído encima, los políticos profesionales, los partidos, sigan jugando como si ellos fueran los únicos protagonistas de la escena nacional.

El desenlace de los trabajos legislativos da cuenta de la falta de respeto de los diputados y senadores hacia su propio trabajo, pues ¿de qué otra forma se puede calificar la decisión de última hora de no pasar cambios jurídicos tan importantes como la reforma política del Distrito Federal o la aprobación de la ley sobre el salario mínimo? La actitud del PAN, por ejemplo, contradice todas sus posturas doctrinarias, convertidas por el oportunismo de sus líderes en verdaderos chantajes para alcanzar sus propios fines. Conviene no perder de vista que en estos debates se juegan intereses reales, de esos que afectan la vida de la gente.