Nueva York.

Un tribunal desestimó este miércoles una demanda contra la NFL presentada por ex jugadores de futbol americano, quienes se quejaron por la administración de narcóticos para combatir el dolor.

El juez William Alsup, del distrito del norte de California, recurrió a una sección de las leyes laborales como motivo para desestimar la demanda. El problema con la denuncia no es legal, sino que está cobijado por el convenio colectivo entre la liga y el sindicato de jugadores.

Al fallar contra las acusaciones presentadas aquí, esta orden no minimiza el problema social de fondo. En un deporte tan rudo como el futbol americano profesional, las lesiones son un mal serio e inevitable. Por lo tanto, la atención apropiada de estas lesiones es crucial, dijo Alsup.

“El punto principal es que la liga ha atendido estas preocupaciones de una manera seria, al imponer la responsabilidad sobre los equipos a través del convenio colectivo, y fijando una larga lista de responsabilidades sobre la salud y seguridad (de los mismos) sobre los dueños (de equipos).

Quizás estos beneficios no son perfectos, pero han sido uniformes entre todas las escuadras y no han quedado a la discreción de las leyes estatales. Están respaldados por el poder del sindicato y los derechos de los jugadores para que estos apoyos se implementen, argumentó.

Nueve jugadores son los demandantes, entre ellos el defensivo Richard Dent, miembro del Salón de la Fama. El juez permitió que el 30 de diciembre presente una reclamación enmendada.

La querella establece que la NFL y sus equipos, médicos y preparadores físicos actuaron sin tomar en cuenta el bienestar de los jugadores al retener información sobre lesiones.

Al mismo tiempo se repartían narcóticos y antinflamatorios para ocultar el dolor y permitir que jugaran lo antes posible. Entre otras acusaciones, los quejosos alegan que se repartieron recetas personalizadas sin su conocimiento.

Agentes de la DEA revisaron al personal médico de al menos cinco equipos el mes pasado como parte de una pesquisa.

Cualquier violación de la ley de sustancias controladas en 2009 podría ser utilizada en un caso criminal.