n enfrentamiento ocurrido ayer en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, Michoacán, dejó seis muertos, entre los que se cuentan al hijo de Hipólito Mora, líder fundador de las autodefensas de Michoacán y actualmente parte de la fuerza rural que surgió de los acuerdos entre esos grupos armados y el gobierno federal. Por la tarde-noche, el dirigente rural atribuyó los hechos al ataque de un comando armado bajo las órdenes de Luis Antonio Torres, El Americano; responsabilizó al gobierno federal y su comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, del recrudecimiento de violencia en la entidad y dijo que su grupo había sido abandonado por los elementos de la Gendarmería y la Policía Federal, por lo que nos van a matar a todos.

El repunte de violencia en territorio michoacano viene precedido de varios avisos en días recientes. El pasado fin de semana decenas de guardias rurales bloquearon carreteras como un anuncio del retorno de las autodefensas, y amagaron con retomar las armas porque la situación está peor que antes. Como botón de muestra de esa aseeración, el pasado martes Semeí Verdía, comandante de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, fue víctima de una emboscada tendida por presuntos sicarios, de la que pudo salir vivo, al parecer, porque los agresores confundieron el vehículo en que viajaba.

Esta serie de hechos, que continuaron con la sangrienta jornada de ayer, son demostración contundente del fracaso de la estrategia gubernamental para hacer frente a la problemática que se vive en Michoacán. Debe recordarse que, luego del alzamiento masivo de grupos de autodefensa que tomaron el control de municipios de esa entidad, el gobierno federal decidió afrontar la situación mediante un acuerdo cuestionable, que consistió en regularizar varios de esos grupos e integrarlos como parte de una policía Fuerza Rural regular.

De esa forma el fenómeno, cuyo origen está en la desatención del propio Estado frente al crecimiento de las organizaciones delictivas, se dio por atendido con una perspectiva eminentemente mediática y efectista; las autoridades se concentraron en desactivar las respuestas sociales a la suplantación de la autoridad por las organizaciones delictivas en lugar de enfrentar el problema principal; se establecieron alianzas de facto con una fracción de las autodefensas y se emprendió una persecución contra algunos dirigentes que formularon críticas y cuestionamientos a la estrategia federal, entre los que destacan José Manuel Mireles y, en su momento, el propio Hipólito Mora, ambos encarcelados con base en procesos cuestionables e irregulares.

La consecuencia lógica de esta cadena de actitudes erráticas, facciosas y omisas está a la vista: una región del país en la que proliferan grupos civiles armados, con liderazgos antagónicos, y en la que la operación de la delincuencia organizada no parece haberse disipado.

Al igual que ocurre en la entidad vecina Guerrero, en Michoacán el Estado continúa dando muestras de debilidad y de falta de capacidad de respuesta para atender una problemática cuyas causas originarias se deben atender con acciones sociales y económicas de fondo, que modifiquen el caldo de cultivo de la criminalidad y se complementen con una procuración de justicia eficiente, transparente e imparcial.