La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que acepte la competencia del Comité contra la desaparición forzada, prevista en el artículo 31 de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado asentó que tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y del legítimo reclamo de verdad y justicia de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional, el gobierno debe resolver esos oprobiosos casos, así como las desapariciones forzadas producidas en diversos estados del país.

El Estado está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Ello, consideró, es un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de México para generar condiciones tendentes a garantizar la investigación y sanción de este delito, así como el que se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, la justicia y la reparación integral que estos casos requieren.

Por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, las autoridades han aprehendido a 80 personas, entre ellos al ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, pero a la fecha no ha consignado a ninguno de los detenidos.

Amnistía Internacional ha sostenido que pese a la relevancia de las detenciones, continúan prófugas personas que la Procuraduría General de la República (PGR) ha identificado como claves para el esclarecimiento total de los hechos y para la ubicación del paradero de los normalistas desaparecidos.

La obligación de procurar justicia respecto de un caso de desaparición forzada no culmina con la captura de los autores intelectuales, sino con el esclarecimiento del paradero de las víctimas y la sanción de todas las personas responsables, sostuvo el organismo internacional.

La semana anterior los padres de familia de los normalistas desaparecidos reclamaron al Poder Legislativo que se ratifique de inmediato la competencia del Comité contra la desaparición forzada de la ONU, para que pueda intervenir en el caso de Iguala.

Ayer la CNDH también hizo un llamado a los diputados y senadores a realizar las reformas pertinentes para que la sociedad cuente con una Ley General en materia de Desaparición Forzada, que incluya la adecuación del tipo penal de desaparición conforme a los estándares internacionales y de la adopción de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, por considerar que son medidas a las que un Estado democrático de derecho debe aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos.

El organismo nacional destacó que la desaparición forzada es un delito grave, complejo y pluriofensivo, ya que para su realización requiere de la participación de varias personas y supone la comisión de varios ilícitos. Por su naturaleza ha sido calificado como delito continuo o permanente por diversos tribunales internacionales, entre ellos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la actividad consumativa perdura en el tiempo, expuso.