ontra todas las evidencias que muestran la fragilidad de la tesis de la incineración en el basurero de Cocula, Guerrero, de los 43 normalistas desaparecidos, el ocupante de Los Pinos no parece dispuesto a honrar su retórica de que investigarán tope en lo que tope. En cambio, mostró su aspiración escapista cuando el pasado 4 de diciembre en Acapulco, Guerrero, afirmó: Quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad y con sus propias familias hagamos un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor. La protesta de las madres y padres de los jóvenes desaparecidos fue inmediata. Como lo fue para aceptar el resultado del estudio practicado a una de las muestras enviadas a los laboratorios de Austria que identificó los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, en especial porque fue transmitido a través del equipo forense argentino, el cual, sin embargo, colocó un punto clave: no les consta que dicha muestra provenga del basurero de Cocula; ellos no recogieron las muestras, sólo se las entregaron. La Procuraduría General de la República (PGR) eludió comentar al respecto y señaló que hay nuevos elementos. En los hechos está asumiendo que su tesis se fortaleció con la identificación de uno de los estudiantes. Tampoco respondió ante el estudio de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de que es imposible probar científicamente la hipótesis de la PGR en el sentido de que los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados hasta las cenizas en un basurero municipal.

Seguramente se escudan en que éste no es una prueba pericial y, sin embargo, tendrían que darle cabida si los abogados de los familiares la presentan como tal en acuerdo con los autores del estudio. Las movilizaciones solidarias con la exigencia de justicia se han incrementado, pero coexisten con el ánimo dentro y fuera del gobierno de dar vuelta a la página, que es la traducción del supérenlo de Peña Nieto.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) declaró que para mí, (los estudiantes) están muertos, porque si encontraron los restos de ADN de uno de ellos en el basurero, es por lógica que, si desaparecieron 43 juntos, la conclusión final es que los otros 42 están ahí también (...). Esperemos que con la aparición de otro muchacho, otros dos o tres, pudiéramos concluir para cerrar esa página.

En marcado contraste, el detallado informe no oficial de Anabel Hernández en la revista Proceso (14/12/14) muestra la participación tanto de la Policía Federal como del Ejército, factor central que ha sido ignorado en la investigación de la PGR.

Con toda razón las madres y padres han señalado desde el inicio de la investigación que el Estado ha buscado a sus hijos muertos, no vivos, y no sólo eso: se ha insistido en que la responsabilidad de los hechos no debe colocarse sólo en el grupo delictivo y en los policías municipales sin que hasta ahora se les consigne por desaparición forzada. Este contexto ha generado fuertes reacciones del movimiento social, concretamente de los maestros de la Ceteg y los normalistas, apoyados en ello por las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos.

En días recientes éstos acudieron al Senado y solicitaron la desaparición de poderes en Guerrero y la suspensión de elecciones en 2015. Al aumentar las acciones y demandas en terrenos vitales para la clase política se colocó una agenda que ciertamente contrasta con la de justicia y aparición con vida de los normalistas; en última instancia entraña la disputa por la construcción de nuevas formas de organización, como los concejos municipales. La dimensión de confrontación ha generado reacciones, una de ellas la del secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz: Llama mucho la atención ver a actores o agrupaciones que se dediquen a tratar de desacreditar lo hecho por el gobierno federal, y me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia, manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo.

De nueva cuenta las madres y padres se defendieron. Un discurso así agrega leña al fuego; apenas dos días después del tercer aniversario de los asesinatos impunes de los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, cometidos por policías federales y estatales en la Autopista del Sol, tuvo lugar un enfrentamiento en Chilpancingo con la policía federal; de nueva cuenta el gobierno niega la responsabilidad de su agrupamiento, mientras la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y los normalistas denuncian la agresión.

Antes que dar vuelta a la página se abren nuevas. El riesgo para el movimiento social es que, en efecto, la ampliación estratégica de su agenda, en los hechos, le resulte funcional al gobierno para evadir lo que lo tiene en jaque frente al mundo: la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa y castigo a los responsables.