El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, defendió ante el Senado las acciones de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la respuesta escrita a las preguntas que le formuló el Senado en octubre pasado, el jefe del Ejecutivo sostiene que el gobierno de la República ha emprendido acciones contundentes para conocer la ubicación de los estudiantes desaparecidos, brindar atención a las víctimas e impartir justicia a partir de la verdad de los hechos.

Destacó que al 30 de octubre de este año ya había 56 detenidos, entre ellos policías municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, y que el 4 de noviembre pasado fueron arrestados José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

Sin embargo, una información más reciente que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer al grupo plural que da seguimiento al caso Ayotzinapa, detalla que el número de aprehendidos aumentó a 80 y que cinco de éstos participaron directamente en la incineración de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.

En ese reporte, la PGR asegura que 16 delincuentes participaron en la cremación de los normalistas y falta detener a 11, quienes son buscados actualmente. También se encuentran detenidos 44 policías municipales de Iguala y Cocula relacionados con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Algunas medidas del gobierno federal

Por su parte, en la respuesta que dio al Senado, Peña Nieto sostuvo que el gobierno federal ha desplegado más de mil 776 efectivos de diversas divisiones de la Policía Federal; se han conformado cuatro brigadas de búsqueda y localización integradas por padres de familia, agentes del Ministerio Público de la Federación y policías federales.

El Ejecutivo federal se refirió también al caso Tlatlaya, y rechazó hacer públicos los nombres de los ocho militares presuntamente involucrados en la ejecución de 22 civiles.

Explica que los nombres de los militares se encuentran clasificados como información confidencial, con fundamento en los artículos 20 y 22, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el caso de los soldados implicados en el asunto, el Ministerio Público está impedido de hacer públicos los nombres, ya que están siendo investigados en una averiguación previa.

Argumenta que se protege la identidad de los militares implicados porque la Constitución señala la obligación de toda autoridad de garantizar la protección de los derechos humanos sin distinción alguna, y en el caso particular la obligación del Ministerio Público de la Federación de proteger los datos personales y la vida privada de todos los sujetos que intervienen en el proceso penal.