Juchitán, Oax.

Defensores de derechos humanos aseguraron que la nueva ruta que han tomado los indocumentados centroamericanos en el sur de México desde de agosto pasado, cuando entró en vigor el Plan Frontera Sur, aplicado por el Instituto Nacional de Migración (INM), es cada vez más cruel, y las violaciones a las garantías de los viajeros han empeorado.

Los activistas recorrieron ayer este trayecto, de Arriaga, Chiapas, a Chahuites, Oaxaca, donde se ubica el Centro de Ayuda Humanitaria que fundó hace mes y medio el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien también dirige el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec.

Dieron a conocer que aproximadamente 100 indocumentados de El Salvador, Honduras y Guatemala, entre otros países, denunciaron robos y otros abusos, sin que autoridad alguna hiciera algo.

En el viaje participaron integrantes del albergue Hermanos en el Camino y de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, así como representantes de las fiscalías de atención a migrantes de Chiapas y Oaxaca.

Subrayaron que los indocumentados utilizan rutas cada vez más inhóspitas, donde son presa fácil de asaltos, abuso sexual, secuestro, abuso de autoridad y extorsión, incluso por agentes del INM.

Acusaron al personal de la dependencia de actuar de manera cruel, de someterlos con descargas eléctricas y no denunciar las agresiones, aun cuando sean testigos de ellas.

En las estaciones migratorias los indocumentados han denunciado que fueron víctimas de delitos y que el personal del INM prácticamente los obliga a firmar sus deportaciones, en lugar de proporcionales orientación para interponer una denuncia, dijo Jessica Cárdenas Canuto, del albergue Hermanos en el Camino.

Los activistas aseveraron que en la delegación del INM en Oaxaca, como en muchas otras, impera la corrupción, la negligencia y el maltrato a los indocumentados. Acusaron al titular de la dependencia, José Guzmán Santos, de ocuparse más de su precampaña para buscar la diputación federal por Tehuantepec.