La automotriz alemana BMW será beneficiada por alrededor de 3 mil 500 millones de pesos del erario estatal por haber decidido instalar una planta en San Luis Potosí. El convenio firmado entre ambas partes obliga al gobernador Fernando Toranzo a erogaciones, incentivos, apoyos y concesiones transexenales (él deja el cargo en 2015) que contravienen el marco jurídico potosino.

Los arreglos entre un débil gobierno estatal y una poderosa firma extranjera, con Los Pinos como componedor interesado, constituyen un retrato fiel de la forma en que las trasnacionales abusan de ciertas administraciones públicas locales. El grueso de las cesiones potosinas llega a más de 3 mil millones de pesos (los rubros están desglosados en los expedientes disponibles en www.lajornadasanluis.com.mx), más las exenciones de impuestos y otros incentivos que en total sumarán alrededor de 3 mil 500 millones de pesos en favor de la empresa, que sólo se obligó a dos compromisos: crear hasta mil 500 empleos, en un plazo que se vence en 2024, e invertir mil millones de dólares en un plazo que fenece en 2029. Y por si fuera poco, la BMW puede dar por cancelado el convenio a discreción por cualquier detalle que no le parezca, sin ninguna penalización.

El convenio en mención fue declarado bajo reserva durante siete años ante solicitudes de información por la vía de las instancias de transparencia pública, pero fue hecho llegar de manera anónima a algunos interesados en el tema por partícipes a quienes escandalizó el monto de la suma a la que se obliga el gobierno potosino y las excesivas y eventualmente delictivas atribuciones de la actual administración, a cargo de Fernando Toranzo, al comprometer la hacienda pública durante sexenios sin contar con la aprobación del Congreso y sin hacer públicos tales compromisos.

La firma del convenio fue realizada el 4 de julio del presente año, en Los Pinos, con discursos del titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto; el presidente de la BMW y el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo. Al respecto, cabe mencionar que el artículo 80 de la Constitución del estado, en su fracción sexta, estipula que el gobernador debe rendir al Congreso del estado, en forma trimestral y por escrito, a más tardar el día quince del mes siguiente al periodo de que se trate, un estado de información financiera que refleje la situación que guarda la hacienda pública del estado.

El compromiso con la BMW no aparece en el informe que debió presentar el pasado 15 de octubre. Además, el artículo 70 ordena que “las leyes, reglamentos, circulares, convenios y cualquier otra disposición de observancia o interés general deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y regirán a partir de la fecha de entrada en vigor que en las mismas se indique”.