Hace un mes, el migrante Ángel Amílcar Colón Quevedo –quien pasó casi seis años encarcelado de forma injusta en México– regresó a su natal Honduras, y aunque las autoridades de su país le prometieron que lo ayudarían a establecerse, iniciar un proyecto productivo y recibir terapias de rehabilitación física y sicológica, hasta el momento esos compromisos no se han cumplido.

Así lo denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que llamó al gobierno del país centroamericano, que encabeza Juan Orlando Hernández, a corregir esta situación, pues –asegura– Colón no tiene condiciones adecuadas de subsistencia y no ha recibido respuesta cuando ha tratado de ponerse en contacto con varios funcionarios.

En un comunicado, el Prodh recordó que el activista hondureño padeció graves abusos por parte de diversas autoridades en México, incluyendo la reclusión durante casi seis años en una cárcel de máxima seguridad, acusado de delitos graves sin ninguna prueba, en un proceso judicial durante el cual fue víctima de tortura, amenazas e insultos raciales.

Al salir de la cárcel –luego de que la Procuraduría General de la República se desistió de la acción penal–, Ángel Amílcar recibió las referidas promesas de ayuda de diversas autoridades hondureñas, entre ellas el comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, y el secretario de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Descentralización, Rigoberto Chang.