El contencioso entre las fuerzas políticas en torno al paquete de reformas constitucionales en materia de corrupción se concentra en las objeciones por el control del Ejecutivo federal sobre la instancia encargada de castigar los delitos relacionados con actos de corrupción, en la creación de un tribunal federal de justicia administrativa y en la omisión de sanciones impuestas a los servidores públicos de los poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos.

Un análisis elaborado en la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados advierte de la inexistencia de propuestas de los delitos a castigar y quiénes los investigarán.

La propuesta del Ejecutivo federal propone remplazar las denominaciones de contralorías internas y la de contralorías generales, por la de auditorías preventivas. De la lectura se deduce que no se contempla la permanencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Podemos constatar que sólo hacen cambio de nombres, lo anterior en virtud de que la SFP es considerado un auditor interno y de prevención.

En la propuesta de reforma al artículo 73 de la Constitución para la expedición de la ley que regule el sistema nacional de integridad pública, donde se coloca al Presidente de la República como cabeza del citado sistema, el perredismo en San Lázaro sostiene que es necesario expedir la ley general para regular la integración y funcionamiento del sistema nacional anticorrupción.

Así, en la iniciativa de reforma al artículo 113 constitucional se propone que el sistema nacional de integridad pública cuente con un consejo nacional conformado por el Presidente de la República –quien lo presidiría–, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presidentes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos en el ámbito federal, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el presidente del Tribunal Federal de Cuentas y los gobernadores de los estados.

A diferencia de eso, la postura del PRD es crear un comité coordinador interinstitucional integrado por el titular de la ASF –quien lo presidirá–, los titulares de las entidades de fiscalización superior locales y del Distrito Federal, del órgano responsable del control interno del Ejecutivo federal (SFP), el titular de la Fiscalía General de la República, y representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal de Justicia Administrativa.

El consejo tendría –desde la óptica del gobierno federal– como funciones el diseño, evaluación, prevención, detección y sanción de hechos en materia de prevención y combate a la corrupción, y promoción de la integridad pública.

Por el contrario, el PRD considera que el comité coordinaría, desarrollaría y garantizaría la implementación de políticas, programas y mecanismos sobre la prevención, disuasión, detección y sanción de la corrupción que permitan fortalecer la integridad institucional.

La iniciativa del Ejecutivo federal incluye una proposición para integrar un comité ciudadano para la ética pública, conformado por cinco personas distinguidas.

No obstante, los perredistas consideran un comité de participación ciudadana integrado por 70 ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Éstos serían designados por la Cámara de Diputados, y tendrían por tarea evaluar cada semestre el funcionamiento y resultados del comité coordinador interinstitucional, deberían emitir recomendaciones, las cuales serían vinculantes, y también podrían presentar denuncias.