Sin referencia específica a los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, el presidente Enrique Peña Nieto asumió que en materia de derechos humanos aún prevalecen desafíos importantes que no debemos ni vamos a ignorar.

Al entregar ayer en Los Pinos el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, el mandatario dijo que la promoción, respeto y protección de las garantías individuales, además de una obligación constitucional, también es un imperativo ético y un deber de toda autoridad pública.

Admitió los pendientes en esa materia no obstante el andamiaje actualizado, y pidió a los servidores públicos renovar su compromiso para hacer realidad la legislación respectiva.

Esto implica, asumió el Presidente, todo un proceso de cambio de mentalidad, de actitud, de capacidad y de compromiso entre quienes son autoridades y de la sociedad en su conjunto.

Nuestro objetivo es crear una nueva cultura en esta materia, que norme la actuación de cada una de las instancias del Estado mexicano. El gobierno federal, aseguró, ha aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cuales se han reducido en 60 por ciento en la administración pública.

Reseñó las iniciativas sobre garantías individuales presentadas el 27 de noviembre en Palacio Nacional, referentes a la actualización del marco jurídico en los rubros de tortura y desaparición forzada; mejoramiento de protocolos y procedimientos para prevenir y sancionar con mayor eficacia aquellos delitos, así como la ejecución extrajudicial.

Además, se refirió a su propuesta de crear nuevos mecanismos e indicadores para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño; conformación de un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, y la publicación de la ley de víctimas.

Peña entregó el premio de derechos humanos a Juan Manuel Estrada Juárez, de la organización Find, y a Mayela García Ramírez, quien ha trabajado en favor de las mujeres mediante el apoyo a madres solteras, la denuncia de feminicidios y la lucha contra la violencia de género.

Destacó que por convicción democrática, “el gobierno de la República seguirá creando sinergias y hará converger los distintos esfuerzos de los poderes, así como de expertos académicos y líderes sociales para garantizar los derechos de los mexicanos.