Washington.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró este viernes el histórico informe de la Comisión de la Verdad, el cual documentó los crímenes de la pasada dictadura en Brasil, y pidió anular la ley de amnistía para que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas por sus actos.

El informe, entregado el miércoles a la presidenta Dilma Rousseff, es un logro que marca un momento histórico para el país, señaló la CIDH, la cual recalcó que la publicación de las conclusiones de la Comisión de la Verdad contribuye al fortalecimiento del Estado democrático y de la democracia en las Américas y el resto del mundo.

El informe da voz y esperanza a las víctimas, para quienes saber la verdad de lo que ocurrió es una forma de reparación, añadió el organismo, que instó al Estado brasileño a cumplir las sugerencias de la Comisión de la Verdad, en especial la anulación de la ley de amnistía de 1979, que impidió a la justicia juzgar a los represores de la dictadura (1964-1985).

La Comisión de la Verdad documentó 434 muertos o desaparecidos, víctimas políticas directas durante los denominados años de plomo, y se identificaron 230 locales en todo Brasil, donde se perpetraban violaciones a las garantías básicas.

En otro asunto, el diario brasileño Valor Económico reveló que la presidenta de la empresa estatal Petrobras, María das Graça Foster, tuvo conocimiento del desvío ilegal de fondos de la petrolera antes de que se iniciaran las investigaciones sobre el millonario caso de corrupción.

El rotativo, que cita documentos internos, entre ellos correos electrónicos, afirmó que la gerente de Petrobras, Venina Fonseca, alertó desde 2009 a Graça Foster –quien en ese entonces era directora de Gas y Energía– sobre el desvío de cientos de millones de dólares y en 2011 le volvió a escribir para proponer entregarle documentos en su poder que comprobarían la corrupción en la estatal.

Según el Ministerio Público, con el esquema de corrupción que funcionó en Petrobras entre 2004 y 2012 se desviaron alrededor de 4 mil millones de dólares en contratos firmados por la empresa, que fueron destinados a pagar propinas a sus funcionarios y a financiar partidos políticos.

En un comunicado, Petrobras sostuvo que todas las denuncias de Fonseca –quien fue separada de su cargo en noviembre pasado– fueron investigadas por la empresa en auditorías internas y resultaron en despidos y medidas para frenar las irregularidades.

La justicia federal abrió hoy acción penal contra ocho de los implicados en el caso, luego de que la Fiscalía elevó el jueves a la justicia las primeras denuncias por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal contra 36 personas.

Entre los procesados se encuentra el principal delator del esquema de corrupción, el ex director de abastecimiento de la estatal, Paulo Roberto Costa, y el empresario Alberto Youssef, propietario de empresas de fachada que se utilizaron para lavar el dinero de sobornos.