El pleno del Senado dio entrada ayer al pliego petitorio de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el que exigen la desaparición de poderes en Guerrero y cancelar el proceso electoral del próximo año en la entidad.

Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva, sostuvo que darán respuesta a los planteamientos de los familiares de los normalistas antes de que concluya el periodo de sesiones.

Ante el pleno del Senado, reconoció que el Congreso ha sido omiso y que entiende el lenguaje fuerte con que un día antes los familiares de los estudiantes expresaron su dolor, su rabia y su inconformidad por la forma en que han sido atendidos por los hechos de violencia.

Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, quien no estaba en el salón de sesiones cuando el perredista Miguel Barbosa pidió que se informara al pleno sobre la reunión que sostuvo el Senado con los padres de los normalistas, llegó al salón de sesiones y, tras escuchar el mensaje del presidente del Senado, solicitó guardar un minuto de silencio por Alexander Mora Venancio.

Preocupa el nivel de violencia que hay en el país

Barbosa destacó que el Senado no ha sido ni será parco en las soluciones que se necesitan en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y reconoció que existe preocupación por los niveles de violencia que se han alcanzado en el país por la crisis de credibilidad en las autoridades e instituciones del Estado mexicano.

Señaló: Ayer escuchamos un lenguaje fuerte, no refiriéndose a alguien en particular. El señalamiento más fuerte es que el Poder Legislativo ha tenido un comportamiento omiso y forma parte del Estado, y tienen razón, aceptamos la crítica porque somos servidores públicos y tenemos que darles respuesta.

El perredista agregó: “Lo que ellos –los padres de los normalistas desaparecidos– están sintiendo en estos momentos es que en lugar de entregárselos vivos se los están entregando en pedacitos; no podemos dejar de ser solidarios”.

Recordó que el presidente Enrique Peña Nieto, al presentar su decálogo de seguridad, habló de la justicia cotidiana, y en el Senado esto equivale a la agenda de la agenda, a las acciones a seguir para garantizar el acceso a las soluciones que se requieren para alcanzar una convivencia mejor, de ahí la postura de atender y dar respuesta a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

Sostuvo que en el país se vive una distancia entre lo que la gente opina y lo que hacen quienes forman parte del ejercicio del poder. Los senadores, insistió, son integrantes del Estado mexicano, por lo que el Senado está obligado a acreditar que las instituciones del poder federal y los tres órdenes de gobierno deben responder para generar un estado de bienestar para la sociedad.