El magistrado Rafael Zamudio Arias, titular del quinto tribunal unitario del segundo circuito, con sede en Toluca, fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por hostigamiento sexual y laboral; además, se le investiga por depósitos en sus cuentas bancarias por casi 4.7 millones de pesos, cifra que no corresponde a sus percepciones.

El consejo informó que las conductas y acciones del magistrado Zamudio Arias están plenamente demostradas, en las cuales hacía un uso incorrecto del poder que le confería su cargo para cometerlas.

Respecto de la identificación de siete depósitos bancarios, estos hechos podrían constituir alguna de causa de responsabilidad administrativa y se encuadra en las conductas tipificadas en el Código Penal Federal como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Besar a sus colaboradoras

De acuerdo con un comunicado, el CJF informó que el magistrado, valiéndose de su cargo, desplegó de manera continua intentos para besar a sus colaboradoras, tocamientos, llamadas telefónicas nocturnas pretextando asuntos laborales, insinuaciones sexuales, acercamientos físicos y forzamiento para sostener relaciones sexuales en las instalaciones del propio tribunal.

En las investigaciones se demostró también que, ante el rechazo de las servidoras públicas a sus proposiciones, el entonces magistrado de circuito las movía de puesto, además de que obligó a varias a renunciar y otras lo hicieron a consecuencia de las conductas del funcionario.

A Zamudio Arias se le demostró también hostigamiento laboral contra diversos servidores públicos del órgano jurisdiccional de su adscripción, conducta que desplegó bajo la modalidad de maltrato, además de que su comportamiento incluso provocó un daño en perjuicio de la salud de algunos de ellos.

A lo anterior se suma el que su proceder quebrantó la integridad emocional de sus subordinados en virtud de que la ridiculización e intimidación de la que los hacía objeto, evidentemente causó inseguridad, repercutiendo de manera negativa en su rendimiento laboral o bien, generó un ambiente nocivo en el trabajo.

El CJF considera que conductas como las mencionadas no pueden permitirse en el Poder Judicial de la Federación, razón por la cual la sociedad debe ser informada de los esfuerzos por su erradicación y sanción de las mismas, señala el comunicado.