A cinco días del cierre del periodo ordinario de sesiones en el Senado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) insiste en lograr acuerdos con las otras fuerzas políticas a fin de aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública del presidente Enrique Peña Nieto.

Acción Nacional (PAN) se mostró ayer renuente, aunque se sabe que su éxito en la negociación del nombramiento del fiscal anticorrupción podría abrir la puerta a que acepte un periodo extraordinario de sesiones la próxima semana, a fin de dar luz verde a la iniciativa presidencial.

El senador panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, advirtió que a estas alturas no están en condiciones de acercamiento.

Al dar a conocer la postura de su bancada, dijo que no hay nadie que defienda la iniciativa del Ejecutivo federal y prácticamente todas las organizaciones civiles sobre seguridad la consideran una mala idea.

Insistió: Peña Nieto está pagando la falta de cuidado político, pues si tenía tanta prisa, debió consultar antes su propuesta con las fuerzas políticas.

En tanto, ayer continuaron las negociaciones entre PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para nombrar al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. La Junta de Coordinación Política analiza los perfiles de 32 candidatos que comparecieron ante comisiones un día antes.

De acuerdo con versiones de perredistas y panistas, el PRI y el gobierno estarían dispuestos a que el PAN decida quién será el fiscal anticorrupción, a cambio de los votos necesarios para que se apruebe la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de Peña Nieto.

Sobre la posibilidad de concretar un periodo extraordinario, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, explicó que buscan el consenso, pero no sabe si lo lograrán. Lo que sí es que estamos haciendo el mejor esfuerzo para sacar un paquete importante en materia de justicia.

El Senado aprobó, en tanto, una miscelánea penal, con cambios a varias leyes en materia de geolocalización y testigos protegidos.