Las autoridades están obligadas a investigar, enjuiciar y castigar a quienes cometan actos de tortura o malos tratos. No hacerlo convierte al Estado y a sus funcionarios en autores, cómplices o responsables, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza.

Manifestó que la no actuación de cualquier funcionario público frente a esos posibles hechos representa una forma de tolerancia a estos actos y envía un mensaje de impunidad. Además, apuntó, se convierte en una fuente potencial de responsabilidad internacional del Estado.

Al presentar el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, Silva Meza aseveró que dicho mecanismo comprende otros delitos o malos tratos relacionados, como encubrimiento, intimidación y cohecho, toda vez que el delito de tortura suele ir acompañado, precedido o secundado por otros ilícitos y violaciones a los derechos humanos que constituyen su caldo de cultivo.

En el acto, realizado en el área de murales de la sede del edificio de la SCJN, sostuvo que México vive dos realidades en materia de derechos humanos: por un lado, la legal y los avances que ahí se han dado. Por otro, la que impone la realidad cotidiana. Es en el México real donde encontramos los mayores retos para que los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurídico sean precisamente eso, una realidad, subrayó.

Ante ministros –excepto José Ramón Cossío–, magistrados, jueces y funcionarios de Naciones Unidas que se especializan en derechos humanos, afirmó: La tortura y los malos tratos son prácticas impropias en un estado de derecho.

Por su parte, Miguel Sarre Iguíniz, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, dijo que, como mexicanos, no podemos resignarnos a que los relatores de la ONU, entre otros órganos de control nacionales e internacionales, señalen en cada visita que la tortura siga siendo moneda de uso corriente en el país.

Expresó que los abusos de poder más grandes sólo se evitarán cuando antes se persigan, sancionen y reparen los daños por otros delitos y violaciones a los derechos humanos menos graves, como los allanamientos de morada, detenciones arbitrarias, extorsiones, robos, abusos de autoridad e intimidaciones, que son el caldo de cultivo de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.

La exigencia de verdad, justicia y reparación de daños para las víctimas de Tlatlaya, Ayotzinapa y tantos otros conecta con la necesidad de evitar éstos y otros daños cotidianos, comentó.

El protocolo, que ya se puede consultar en el portal de la Corte, se pondrá al alcance de mil 250 jueces, magistrados y 800 defensores públicos federales.

Nuestra intención no es otra que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades, señaló Silva Meza, quien concluirá su presidencia de la SCJN el 31 de diciembre.