n estos días la prensa y la televisión parecen estar de acuerdo en atribuir a la Presidencia de la República responsabilidades mayores por la situación de absoluto desorden en que se encuentra el país con los secuestros y asesinatos colectivos que se han presentado.

No hay duda alguna de que se ha producido en el país una absoluta falta de seguridad que hoy hace inconveniente cualquier proyecto de viaje a zonas de descanso, particularmente, Acapulco, sin olvidar el Caribe. Claro está que todos estamos conscientes de que la presencia del narco es uno de los motivos principales, lo que personaliza en la Procuraduría General de la República la responsabilidad directa que da origen a los grupos propicios al delito de exportación de drogas. Eso, por supuesto, se vincula al hecho de que el mercado exterior, Estados Unidos, es absolutamente propicio y provoca a su vez la exportación de armas, instrumento esencial para el ejercicio de la delincuencia.

No es menor el problema que se presenta en nuestra frontera sur, que se ha convertido en una puerta abierta para que pasen sin dificultad alguna centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos para conseguir empleo. Inclusive, en estos días las declaraciones del presidente Barack Obama en favor de los inmigrantes sin papeles está generando múltiples candidaturas que las protestas de los republicanos no logran evitar. El atractivo migratorio que ello está provocando no es cualquier cosa.

El complemento del viaje lo facilitan nuestros queridos ferrocarrileros, que actúan con una complicidad evidente, lo que aprovechan los centroamericanos, y por supuesto nuestros connacionales, quienes sufren los evidentes perjuicios de la falta de empleo y optan por conseguirlo del otro lado. La sensación es que la importación, aunque sea ilegal, de mano de obra barata, conviene a la economía estadunidense, con lo que el motivo económico se agrega con entusiasmo a las soluciones buscadas por los emigrantes, tanto nuestros como los del sur. Con ello se incrementa la competencia que el Acuerdo de Cooperación Económica de América del Norte, que celebramos hace algunos años, trataba de evitar, me temo que sin resultados.

Así es que presenciamos la existencia de soluciones ilegales que, sin la menor duda, están determinadas por necesidades económicas y por graves deficiencias administrativas. No cabe duda de que parte de la exportación de drogas que en nuestro país se produce deriva, simplemente, de la previa importación aérea o marítima que México hace de manera ilegal, y yo me pregunto si se han tomado medidas para evitarla. No creo que sea tan difícil localizar los puntos de aterrizaje o de desembarco que facilitan el contrabando que viene del sur.

La imputación al Presidente de la República de las responsabilidades correspondientes parece ser, sobre todo, independientemente de su justificación genérica, una medida política de sabroso corte electoral.

En mi concepto habría que determinar, previamente, las posibles responsabilidades de los poderes ejecutivos locales y sus dependencias, particularmente penales y políticas, descendiendo a todos los niveles, sin olvidar nuestra permanente enfermedad: la corrupción que nunca deja de estar presente. Por supuesto que con todas las consecuencias legales que procedan, que serán muchas y probablemente espectaculares. Allí el problema estará en la medida en que se reporten las responsabilidades que sí pueden afectar a niveles políticos de altura.

Tal vez habrá que revisar los planes de estudio de las escuelas primarias y reforzar la materia de la moral. Es nuestro punto débil.