Una vez en vigor la nueva Ley de Juegos y Sorteos, los permisionarios tendrán un periodo de dos años para multiplicar sus negocios, con base en las autorizaciones previas.

El naciente marco legal, actualmente en análisis por el Poder Legislativo, prevé además zonas de interés para la instalación de casinos, a fin de atraer a turistas nacionales e internacionales a regiones específicas, como el Caribe.

La Secretaría de Gobernación (SG) espera un crecimiento de los negocios de apuestas, derivado de la próxima circunstancia legal. Sin embargo, la eventual expansión dependerá también del criterio de autoridades locales.

Previamente al cierre de los 42 casinos de Megasport (el permiso le fue revocado recientemente), la Dirección General de Juegos y Sorteos de la SG reportó una operación de 313 casinos en el país. Entre las entidades con mayor número de locales de este tipo se encuentran Baja California, Nuevo León y Sonora.

El mercado del juego en México está valuado en al menos 55 mil millones de pesos al año; casi la mitad de estos ingresos (22 mil millones) se van al erario y hay entre 2.5 y 2.8 millones de jugadores habituales al año. También es generadora de 35 mil empleos directos y 140 mil indirectos (La Jornada, 2/12/14).

La nueva ley –cuya iniciativa está aún en manos de la Cámara de Diputados– prevé nuevas reglas; por ejemplo, el otorgamiento de permisos por 12 años. Actualmente son 34 permisionarios (a cuatro se les canceló, por motivos diversos, sus respectivas autorizaciones) y algunos tienen rangos de vigencia de 20 años o más.

El plan es canjearles sus permisos actuales por documentos individuales; es decir, en las condiciones actuales con una venia pueden expandir sus negocios incluso a más de un centenar de locales, pero si les es detectada una irregularidad en cualquiera de éstos, se anula todo el permiso.

Marcela González Salas, directora general de Juegos y Sorteos de la SG, dijo a La Jornada que de haber optado por la eliminación de los derechos actuales de los empresarios se habría generado para el gobierno un problemón legal, pagos millonarios de indemnizaciones o un enfrentamiento largo en tribunales, porque algunos de los permisos de hoy día concluyen en el año 2045.

“Por eso llegamos a acuerdos con ellos (empresarios) para que en dos años pudieran abrir los (casinos) que puedan (…) Sí, hay varios (casineros) que están muy interesados en una expansión importante”, dijo.

“En primer lugar (los permisionarios) –agregó– tendrán dos años para abrir todos (los que les prevén sus autorizaciones vigentes), lo cual no está tan fácil, porque se cambió el requisito de ‘opinión favorable del ayuntamiento’ por licencia de uso de suelo.”

De manera adicional, el cambio de ley tiene también implícito el interés de atraer al turismo internacional.

En la recta final de la aprobación de la ley (primero en la Cámara de Diputados y luego deberá ser sometida a consideración del Senado), los funcionarios del sector afirman que han llegado a un acuerdo con los permisionarios, a quienes, se afirma, les conviene la individualización de sus autorizaciones.

El pretendido nuevo Instituto Nacional del Juego incluirá criterios no sólo de tipo administrativo, sino también de seguridad nacional.

Insistió en que el juego no es una forma de violencia si lo tienes como una alternativa para salir adelante. Sí lo son las maquinitas que están en las calles al alcance de niños y jóvenes menores de 18 años.

La regulación, concluye la funcionaria, es para ordenar la realidad, no para cambiarla.