Desde el pleno del Senado, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que no legislarán al vapor ni a marchas forzadas las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto, que se derivan de sus 10 propuestas en materia de seguridad y justicia, toda vez que no resuelven la crisis de violencia que enfrenta el país.

Cerraron, de hecho, la posibilidad de que la reforma constitucional que crea el mando único policiaco y permite la disolución de ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado, se apruebe este mes en un periodo extraordinario.

Durante casi cinco horas una veintena de legisladores de la oposición cuestionaron el decálogo del jefe del Ejecutivo federal y señalaron que se trata sólo de un refrito de iniciativas que ya están en el Congreso y una estrategia para salir al paso a las miles de voces que le piden su renuncia.

Peña Nieto puede hacer más de lo que su decálogo plantea, no necesita periodos extraordinarios para poner manos a la obra, destacó el panista Roberto Gil Zuarth, al hablar en nombre de su bancada. Insistió en que el PAN no va a acompañar ocurrencias, enfoques autoritarios y centralistas, y las iniciativas del Presidente de la República tendrán una discusión seria, serena y responsable.

A su vez, Alejandro Encinas y Zoé Robledo, del PRD, expusieron que no aprobarán la reforma constitucional que un día antes remitió el Ejecutivo y a la que ayer se le dio entrada, ya que atenta contra el pacto federal, da la puntilla final al municipio, y permite la centralización política, en la que la sola presunción de un funcionario le permitirá ejercer el mando único, tener el control de las policías estatales o solicitar al Senado la disolución de la autoridad municipal.

Por su parte, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, sostuvo en tribuna que lo planteado por Peña Nieto “son sólo sandeces que no atacan el problema central’,’ y sostuvo que el Ejecutivo no ha sabido escuchar el reclamo legítimo que le hace la sociedad, las miles de voces que le piden que renuncie ante su incapacidad para gobernar.

Por su parte, los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) salieron en defensa del titular del Ejecutivo federal. De entrada, Omar Fayad pidió no descalificar las propuestas de Peña Nieto, sino darles cauce. En una confrontación con Bartlett sostuvo que quienes piden la renuncia de Peña Nieto son “los que pretenden beneficiarse con ello.

“No coincido con quien viene y dice aquí que hay miles que gritan ‘fuera Peña’, porque creo que hay millones que pedimos que se respete el estado de derecho, que no se politice el asunto, que dejen de hacer una campaña de desestabilización a un gobierno que pretende hacer su tarea”, expuso.

El senador Enrique Burgos pidió también, en nombre del PRI, encauzar institucionalmente nuestras diferencias o nuestras oportunidades de coincidir en lo fundamental.

Panistas, perredistas y petistas insistieron en que no se requiere modificar la Constitución, sino acciones de gobierno. En lugar de anunciar medidas débiles como el cambio del teléfono 066 a 911, se debe castigar a alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos que violen la ley, recalcó Encinas.

A su vez, Gil Zuarth resaltó que el Presidente ha renunciado a tomar decisiones y ha remitido al Congreso, como aquel que se sacude las manos, la responsabilidad de resolver la crisis actual. La mayor parte de sus propuestas legislativas son iniciativas que están congeladas en ambas cámaras, como la del mando único, que presentó el ex presidente Calderón.

¿Qué obstáculos legales enfrenta el Presidente que le impiden desplegar la fuerza federal en entidades o regiones y suplir a las corporaciones locales?, preguntó.

La Casa Blanca

Durante la larga discusión salió también a relucir el caso de la llamada Casa Blanca. La senadora del PAN Laura Angélica Rojas demandó que la Secretaría de la Función Pública intervenga e investigue si Peña Nieto incurrió en conflicto de interés por la forma en que se hizo de la residencia ubicada en Lomas Virreyes.

El senador perredista Mario Delgado propuso que se extienda la figura de extinción de dominio a actos sospechosos de corrupción de servidores públicos y empresas.