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Restructurará pasivos por $40 mil millones

Solicita Urbi a un juez declaración de quiebra
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2014, p. 33

La desarrolladora de vivienda Urbi solicitó a un juez federal que declare abierto un proceso de concurso mercantil, con el propósito de que la firma pueda restructurar pasivos cercanos a 40 mil millones de pesos, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

La demanda fue turnada al juzgado quinto de distrito con sede en Mexicali, Baja California, el cual resolverá en un promedio de un mes si es procedente el inicio del concurso mercantil.

Urbi es la tercera gran constructora que acude al concurso mercantil, pues previamente lo hicieron Corporación GEO y Homex, también con convenios previos que aún no han sido aprobados en definitiva por los juzgados.

Para el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, que asume la defensa legal de 500 personas que fueron defraudadas con los créditos para adquirir casas de interés social, las cuales están sobrevaluadas hasta en 40 por ciento, la quiebra de varias vivienderas tiene su origen en la autorización de créditos hipotecarios irregulares otorgados con recursos de la Sociedad Hipotecaria Federal.

De su lado, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, que asume la defensa legal de 500 familias que fueron defraudadas con los créditos para adquirir casas de interés social, las cuales están sobrevaluadas hasta en 40 por ciento, aseguró que la quiebra de varias vivienderas tiene origen en la autorización de créditos hipotecarios irregulares otorgados con recursos de la Sociedad Hipotecaria Federal.

En entrevista con La Jornada, efectuada este martes a las afueras de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del citado frente mexiquense (que efectuó una movilización de protesta por la impunidad avalada por el gobierno federal a favor de los responsables de la crisis de vivienda en México), sostuvo que existe un acuerdo previo entre quienes administran las vivienderas y el gobierno de Enrique Peña Nieto para rescatar a firmas como Geo y Urbi, entre otras.