La mayoría de las propuestas del presidente Enrique Peña para solucionar el problema de la inseguridad y la violencia en el país fueron delineadas en agosto de 2008. En ese entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó 84 medidas que sentaron las bases para una pretendida depuración policial.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, redactado en la administración calderonista y firmado por gobernadores y funcionarios federales, el 21 de agosto de 2008, incluyó plazos para alcanzar cada una de las 84 metas.

En aquel texto se anotaron características, por ejemplo, del esquema de control de confianza de elementos de seguridad, la cédula de identidad y el número nacional para emergencias.

El primer punto del acuerdo fue presentado –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008– como mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que forman el Estado mexicano y los sectores privado y social, para que cada uno realizara acciones en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos de corto, mediano y largo plazos.

Por ejemplo, depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza; instituir los centros estatales de control de confianza certificados y establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial, en coordinación con las entidades federativas, para perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones policiales del país.

El rasgo sin precedente en el anuncio del jueves pasado es la intervención y desaparición del ayuntamiento, cuando se comprueben vínculos de los alcaldes con el crimen.

En 2008 sólo se propuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizara inspecciones en cuanto a la correcta aplicación de los recursos para seguridad y justicia.

Algunas de los tareas programadas hace seis años no se han cumplido. Por citar un par de casos: sólo hay convenios para mandos únicos policiales en la mitad de los municipios del país y para la cédula de identidad; durante el sexenio pasado se gastaron más de 3 mil millones de pesos.

Al final de la administración sólo se entregó el documento a tres millones de los 27 millones de menores de entre 4 y 17 años de edad, incluidos en la primera etapa de expedición de este mecanismo de identidad.

Del acuerdo a la reforma

El plan 2014 pasó del nivel acuerdo de programas y generación de leyes en materia de seguridad a la propuesta de reformas constitucionales, cuyas iniciativas serán enviadas mañana al Congreso de la Unión.

La más relevante, por su carácter inédito, es la ley contra la infiltración del crimen organizada, mecanismo para que la Federación tome el control o en su caso disuelva un ayuntamiento; otra ley será de competencias en materia penal, y una tercera para la creación obligatoria de policías estatales únicas.

El cambio será cuantitativo y cualitativo, prometió el jueves pasado el presidente Peña, al pasar de más de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas.

Sin embargo, tampoco las policías estatales están depuradas: 178 mil 427 elementos aprobaron exámenes de confianza y 20 mil reprobaron y se encuentran actualmente en proceso de depuración, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación.

Los cambios constitucionales en puerta tendrían qué modificar también al SNSP porque sus metas están diseñadas en un esquema de tres niveles de gobierno.