Por determinación de las autoridades judiciales, antes de su liberación, Laurence Maxwell Ilabaca, estudiante chileno detenido el pasado 20 de noviembre, fue presentado en la delegación del Instituto Nacional de Migración que se localiza en el Puerto de Veracruz, a fin de revisar su estatus migratorio en el país.

A las 14:15 horas de este sábado, afuera del penal federal número 5 de Villa Aldama, el diputado chileno Jorge Insulza, quien ingresó a las instalaciones y habló con las autoridades, notificó a Alberto Maxwell Canales, padre del joven detenido, la disposición de los funcionarios.

“En el caso de Maxwell, como extranjero, debe cumplir todavía un procedimiento en el Instituto Nacional de Migración, y de ahí ya quedaría libre.

No va a ser deportado; se trata sólo de un procedimiento porque es extranjero. Se le han levantado todos los cargos y, por tanto, puede continuar su estadía en México sin ningún problema, dijo el legislador.

En entrevista por separado, Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), detalló que gracias a la intervención directa del gobierno del país sudamericano se evitó el riesgo de que el estudiante de posgrado en literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México fuera expulsado.

Cuando un extranjero se ve involucrado en un proceso penal de este tipo, se le lleva a estaciones migratorias aunque no se le haya encontrado responsabilidad alguna, y por lo general son deportados. Esa era una preocupación que teníamos, pero gracias a la intervención directa de la embajada chilena ya no hay peligro de que eso suceda, celebró la litigante.

Sobre la decisión de liberar a los 11 inculpados, Salas dijo estar contenta porque con dicho fallo se reafirma la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Reconocemos la actuación del juez decimoséptimo de distrito, a pesar de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, trató de intervenir de manera desafortunada en el caso.

Enfatizó que el intento de encarcelar a 11 personas con acusaciones totalmente infundadas nos lleva a cuestionarnos si la Procuraduría General de la República está abusando del derecho; por eso insistimos en que Jesús Murillo Karam y el jefe de la policía del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, deben irse.