a crisis que vivimos tiene ventaja frente a las demás que ha padecido el país: la conciencia generalizada de que el sistema se agotó y que se requiere nada menos que la refundación misma del Estado. Los grupos de interés continúan obrando guiados por su codicia y ambiciones sin que parezca importarles el destino final del país: elogian al Presidente y a su propuesta, pero en privado aceptan que carecen de rumbo.

Otra ventaja: como nunca, muchos escritores respetables están ejerciendo la crítica. Por ejemplo, Diego Valadés señala que si no queremos vernos atrapados en un proceso declinante u optar por medidas coercitivas, necesitaríamos renovar el poder: todo el sistema y sus distintos niveles políticos, administrativos, estatales y jurisdiccionales. Otros proponen una nueva Constitución necesariamente progresista que completara la transición a la democracia y abriera vías para el crecimiento y para la reducción de la desigualdad, la que es, en el fondo, la causa de todo el desastre.

Peña Nieto, que parece no tener otro recurso que abusar del aparato mediático que lo inventó a él mismo, ha presentado un plan en materia de justicia y combate a la corrupción que sólo ha despertado entusiasmo en los aliados previsibles. No necesitamos un nuevo aparato costoso para acabar con la impunidad: bastaría con que se detuviera a unos 10 de los más conspicuos saqueadores y se les incautaran sus bienes para que empezáramos a creer en las iniciativas de Peña. Hay que reconocer que Peña tiene un conjunto, nada despreciable, de asesores que pudieron construir una respuesta, si no creíble, por lo menos rápida. Pero en ella está implícita una negación y el afán de ganar tiempo con la esperanza infantil de que la normalidad volverá a fluir, sin aceptar que el proyecto tiene una enfermedad mortal y que el optimismo que parece estar en el fondo de programa de Peña, resulta trágicamente irreal.

¿Pero cuál es la realidad? Peña no tiene otra salida más que intentar engañar a la opinión pública con una reorganización administrativa y nuevos proyectos de ley. Ni él ni sus gentes tienen recursos, valentía, talento para ir a fondo como sugieren los críticos. No van a poder vencer la inercia conservadora a la que ellos mismos pertenecen. Lanzar al Ejército y a la policía a una represión generalizada, no sólo provocaría estallidos y ensangrentaría al país, sino colapsaría la de por sí débil estructura económica. Los deterioros serían de tal magnitud que la intervención extranjera se volvería inminente.

Nos hemos preocupado obsesivamente por las posibilidades de respuesta del sistema, del Presidente, de sus agentes, de las instituciones, cuando estos factores están totalmente desgastados… es la hora de pensar qué puede hacer la sociedad para afrontar esta crisis de la que tiene esta conciencia creciente… pronto iremos sobre ese tema.

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