Chihuahua, Chih.

El gobernador César Horacio Duarte Jáquez realizó compras de medicinas para el sector salud con costo superior a 300 por ciento, con lo que habría beneficiado a empresas de amigos y patrocinadores de su campaña electoral, denunciaron dirigentes políticos y sociales que constituyeron aquí la Unión Ciudadana.

En 2012, el gobierno estatal habría pagado cien millones de pesos de más a Inmarsa Farmacéutica, propiedad de los hermanos Iram y Jorge Márquez, constituida siete meses después de haber iniciado el gobierno priísta.

A esa empresa el senador panista Javier Corral Jurado iden- tificó como la que acapara la mayoría de licitaciones por adquisición de medicamentos en Pensiones Civiles del Estado e Instituto Chihuahuense de Salud.

Otra operación por 186.5 millones de pesos se habría realizado con Administración y Comercialización de Franquicias Internacionales, cuyo mayor accionista es Víctor Almeida García, no el de Interceramic, ese compañero empresario (es) íntegro, aclaró Corral.

Abundó que Servicios y Atenciones Médicas K ha vendido al gobierno medicamentos y otros productos para el Seguro Popular por más de 500 millones de pesos, pese a que su domicilio fiscal es el mismo que el de la Unión Ganadera División del Norte, presidida por Carlos Hermosillo, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, involucrado también en otra denuncia por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido del ejercicio público.

Javier Corral destacó que los beneficiados financiaron la campaña del entonces candidato a la gubernatura y en menos de un año ya habían ganado la millonaria licitación sin acreditar ninguna experiencia, cuando según los lineamientos se piden por lo menos un par de años en el ramo para participar en un concurso de ese tipo.

Todas esas operaciones violan la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado y la ley federal en la misma materia, añadió Corral Jurado.

Manifestó que si las autoridades federales cumplen con su deber de dar continuidad a las denuncias que han presentado por el presunto financiamiento del gobierno estatal al Banco Unión Progreso, el gobernador Duarte deberá solicitar licencia para dar paso a las indagatorias y luego enfrentar la cárcel por enriquecimiento ilícito.

Mientras Corral hablaba, un grupo de jóvenes que se coló entre el auditorio gritó consignas contra el senador y el activista Jaime García Chávez. Fuera del recinto, unas 40 personas protestaban contra la presencia de los partidos y hacían señalamientos sobre la trayectoria política y personal de los convocantes a la Unión Ciudadana.

Para esta actividad, el auditorio municipal fue abarrotado por ciudadanos, estudiantes, empresarios y políticos. Allí estaban, codo a codo, Víctor Quintana, líder estatal del Movimiento Regeneración Nacional, el activista Jaime García Chávez, el ex gobernador Francisco Barrio Terrazas, y Corral Jurado, entre otros.

La Unión Ciudadana, dijeron tiene el objetivo principal de exponer las irregularidades de los tres órdenes de gobierno: municipal estatal y federal. Ya constituidos en organización, los dirigentes de Unión Ciudadana anunciaron que replicarán la estructura en los 67 municipios del estado y emplazaron al titular del Ejecutivo estatal a separarse del cargo a más tardar el 15 de enero próximo.

Caterva de depredadores

Barrio Terrazas manifestó que él fue escéptico ante los primeros señalamientos que se le hacían a Duarte, pues en su tiempo él mismo fue acusado sin más fundamento que un rumor.

Dijo que primero le dio el beneficio de la duda, pero que ante las denuncias, que crecen como avalancha de lodo y por lo que se va documentado, todo hace pensar que se está frente a una caterva de depredadores, no sólo voraces, sino insaciables.

Recordó que el año pasado la encuesta de confiabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ubicó a Chihuahua como el estado con más actos de corrupción, por cada cien mil habitantes se mencionaban 44 mil seis actos. Eso ya estaba ahí, pero hace dos meses, con la denuncia de Jaime García Chávez se le puso el cascabel al gato, aseguró.

La noche del viernes, los políticos de derecha hicieron un reconocimiento a García Chávez, quien insistió en la obligación legal de los funcionarios estatales ligados a la denuncia penal que presentó ante la Procuraduría General de la República, de separarse de sus cargos. Dijo que en México para ser revolucionario sólo se necesita ser honrado, porque la corrupción política se ha convertido en sistema.